El Gobierno de Francisco Camps sacó un préstamo a largo plazo de 60 millones para abonar la construcción del circuito que le obliga a pagar 7,5 millones de euros anuales desde 2016, lastrando las actuales políticas de vivienda e infraestructuras. Una juez ha imputado a Camps y a más de media docena de personas por prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos por el diseño y los sobrecostes que tuvo la obra que el expresidente garantizo que sería a "coste cero".
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