En un comunicado, el Tribunal Constitucional señala que el PSOE recurrió el decreto ley por considerar que la norma no cumplía los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad" que permite al Ejecutivo legislar por este medio. El real decreto incluye una quita mediante el canje de estos productos por acciones; el PSOE consideraba que no era una norma de "urgente necesidad".
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