Tamara y Ana son el último caso de trabajadoras que pueden acabar en la cárcel por exigir sus derechos. En febrero de 2010 durante una huelga por la negociación del Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas de Galicia las dos trabajadoras fueron acusadas de derramar pintura en la piscina olímpica de Pontemuiños. Relacionada:
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