En la exposición razonada, el entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 subrayaba también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público previsto trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables. Entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros, que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención.
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