El Estado español es ahora mismo el país de la Unión Europea que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), lo que podría traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores: desde fondos de inversión especulativos, a empresas públicas o grandes multinacionales. “Si los inversores ganaran todas las demandas, el Estado tendría que pagar más de 8.200 millones de euros de los presupuestos públicos”, subrayan desde Ecologistas en Acción.

Los orígenes de los tribunales de arbitraje se remontan al primer tratado de protección de la inversión entre Alemania y Pakistán en 1959.Su origen es colonialista.“Son un pilar fundamental de la lex mercatoria que da mucha seguridad jurídica a las multinacionales,pero al que no pueden acudir las pequeñas y medianas empresas o la propia sociedad civil”.No hay igualdad ante la ley,algo incompatible con el Estado de derecho,ya que comunidades o estados agraviados por estas empresas no pueden denunciarlas ante estos tribunales.Hasta 2018 ha habido

Bankia ha ganado un arbitraje, en el que también participaban entidades como BBVA o Abanca, contra Sareb, en relación a los bonos emitidos por el 'banco malo' para hacer frente al pago de determinados activos transmitidos y por el que la sociedad presidida por Jaime Echegoyen daba por hecho que se aceptaría un cupón negativo. Concretamente, el tribunal de arbitraje ha concluido que el cupón trimestral de los bonos sénior de las Emisiones 2017-3 y 2018-1 no puede ser negativo y debe quedar limitado al 0%.

Aunque la tendencia al norte de los Pirineos es la contraria, favoreciendo y fomentando el uso del arbitraje para resolver problemas entre las empresas, en España, como siempre, somos diferentes, y las empresas en mayor medida acuden a los Tribunales, saturando todavía más si cabe los Juzgados.

Al menos 24 países ya han sido demandados en tribunales de arbitraje por inversores extranjeros en más de 40 litigios relacionados con la fiscalidad.

El giro inesperado de los socialistas avala el mecanismo de arbitraje entre inversores y países (IDS) La principal crítica a estos tribunales internacionales de arbitraje se dirige a su composición: la última palabra la suele tener un experto en comercio internacional del sector privado.

Se cuenta que un gobierno, por una circunstancia o por otra, a veces se ve obligado a romper un compromiso adquirido. Por poner un ejemplo, imaginemos que un gobierno como el de Argentina que debido a una compleja situación financiera, no puede hacerse cargo de su deuda, y se obligado a hacer una especie de suspensión de pagos y renegociar esa deuda mediante una quita.

El pleno admite a trámite los recursos del ejecutivo central contra ambas leyes que acusan a la normativa de la Comunidad de Madrid de invadir competencias estatales, patologizar a menores transexuales o perjudicar a las asociaciones LGTBI.

Los magistrados, divididos por siete votos a favor del sector progresista y cuatro en contra de los miembros del bloque conservador, han acordado retrotraer las actuaciones para que la Audiencia Provincial de Sevilla dicte sendos fallos respetuosos con los derechos fundamentales vulnerados. En el caso de Chaves con el artículo 25.1 de la Constitución, es decir, el derecho a la legalidad penal mientras que sobre Griñán también se aprecia vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

La representante acusó a los miembros de la Corte Suprema de corrupción tras el fallo a favor de darle a Trump inmunidad presidencial en su batalla legal por el 6 de Enero.

El Tribunal Supremo admite la denuncia de IUSTITIA EUROPA contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de Iustitia Europa. Se abre, por tanto, Causa Especial número 003/0021008/2024.

El Supremo tiene ahora vía libre para analizar de forma colectiva la posible abusividad de las cláusulas suelo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acepta el recurso interpuesto por Irene Montero contra España tras la condena del Tribunal Supremo por defender a las madres protectoras contra la violencia machista. Saúl Castro, representante legal de Irene Montero, ha valorado de forma muy positiva la noticia. En este sentido, ha expresado que “la sentencia del Tribunal Supremo no solo es un atropello al derecho a la libertad de expresión, sino un atentado frontal contra el discurso feminista de los representantes políticos y de la sociedad...

Los jueces anularon una jurisprudencia de 1984 que se conocía como "doctrina Chevron". Aquella establecía que en caso de que una ley fuese ambigua o tuviese lagunas, las agencias federales podrían resolver estos vacíos y los tribunales deberían reconocer esta decisión siempre y cuando fuese "razonable". "Los tribunales no pueden ceder a la interpretación de la ley por parte de una agencia simplemente porque un estatuto es ambiguo", afirmó la corte en su fallo.

El Tribunal ha decidido que los padres fundadores establecieron, en su infinita sabiduría, que son los tribunales quienes deben tener la última palabra interpretando leyes. En vez de burócratas desconocidos trabajando en un sótano en alguna oficina con goteras en Washington los que deciden sobre sustancias contaminantes, estándares para aprobar medicamentos, protocolos de seguridad en reactores nucleares o los requisitos de señalización en una línea ferroviaria quienes pueden y deben analizar y aprobar todas estas cosas son los jueces.