Dos días después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recordara a España que solo los colectivos vulnerables pueden ser sujetos de delitos de odio, el magistrado Juan Pablo González y González solicitó condenar a un tuitero -finalmente absuelto- por entender que sus tuits promovían el odio contra políticos y banqueros. El voto particular del magistrado contradice la reciente sentencia del TEDH sobre libertad de expresión ya que considera que "policías o banqueros" pueden ser incluidos como colectivos perseguidos; y, por otro, porque..

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo el eurodiputado ha lanzado un comunicado a través de Instagram valorando la condena: "Es absurdo que un juez afirma que es de 'carácter eminentemente particular o privado' que Ana Pastor y Antonio García Ferreras se reúnan en un espacio público con el dueño del Open Arms en plena crisis migratoria para pactar un relato mediático en defensa de la inmigración ilegal masiva. Aunque hayamos ganado parcialmente el recurso y todas las costas, vamos a pelear para que este juez sea desautorizado..."

El magistrado García Castellón propone juzgar por delitos de cohecho en grado de continuidad y una pluralidad de delitos de revelación de descubrimiento y relevación de secretos al banco BBVA y a su expresidente, Francisco González por la contratación del comisario José Manuel Villarejo para la realización de distintos encargos ilegales entre 2004 y 2017, y por los que habría pagado en torno a 10 millones de euros.

El fallo dice que debe realizarse mediante la modificación del planeamiento urbanístico

Los periodistas demandan urgentemente a las autoridades polacas la liberación inmediata de Pablo González. "No es tolerable que un país de la Unión Europea tenga preso preventivo a un profesional de la información, con absoluta opacidad sobre los cargos precisos que se le imputan, tras 28 meses de encarcelamiento e incomunicación", señalan.

La supuesta trama rusa de apoyo al independentismo catalán hace aguas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha enviado al juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, una resolución que dictó el julio de 2020 en la cual cierra una investigación sobre "un supuesto ciberataque ideado y perpetrado por personas afines al movimiento independentista catalán y miembros de agencias de la Federación Rusa" por falta de indicios y donde asegura que "solo hay opiniones".

Asegura que "es claramente necesaria la determinación y precisión judicial, a efectos de garantizar la plenitud del derecho de defensa" El ministerio público incide en que "no existe resolución judicial que recoja [...] qué hechos se investigan"

El gijonés, afincado en Buenos Aires, denunció en 2020 a Pedro Sánchez por "alta traición" y en la actualidad trabaja para el gobierno de Javier Milei.

El PSOE, que está personado en la causa, interpreta como “alguna clase de retribución a Fernando Camino” por los favores que le debe Amador. Se trata de la compra por parte de Maxwell, la empresa de Amador, de la compañía Círculo de Belleza S. L., propiedad de María Gloria Carrasco, la esposa de Camino. En diciembre de 2020, Maxwell pagó 499.836,92 euros por esta compañía a pesar de que su capital social era de solo 3.300 euros. Círculo de Belleza solo contaba con máquinas antiguas sin valor de mercado y relacionadas con tratamientos de belleza

La negociación entre Alberto González Amador, por una parte, y la Fiscalía y la Abogacía del Estado por otra ha derivado en un preacuerdo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso no solo admite, como en un primer momento, que defraudó a Hacienda por valor de 350.951 euros en dos ejercicios sino que también se sirvió de una trama de facturas falsas para ejecutar el engaño. En el escrito que plasma el principio de acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sentencia que acepta González Amador es de ocho meses de cárcel...

Las acusaciones populares han solicitado la ampliación del número de delitos imputados a González Amador, añadiendo cinco nuevas presuntas infracciones a la lista inicial

Las mismas fuentes explican que no ha sido hasta hace unos días que las acusaciones han podido acceder a la documentación obrante en la causa, y que recoge los indicios contra González Amador, en especial el informe de la Agencia Tributaria. Esto les ha impedido, continúan, estudiar con detalle el caso.

La citación se produce con la duda de si el empresario llegará a un acuerdo con el Ministerio Público para reducir la condena de cárcel a la que se expone por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental y evitar entrar en prisión. Fue la Fiscalía quien lo llevó a los tribunales después de que Hacienda detectara el fraude, tal y como informó en exclusiva elDiario.es.

Ana tiene 56 años y trabajó más de 35 como agente en el aeropuerto de Gran Canaria. La última década, en el servicio de reclamaciones de equipajes perdidos. Se le ha diagnosticado el síndrome del trabajador quemado (burn out), un estado de agotamiento por estrés laboral crónico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como enfermedad profesional en 2022.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha abierto una pieza separada del caso Volhov (sobre la supuesta trama rusa del proceso), en la que aparecen nuevos investigados, entre ellos los periodistas Carles Porta y Natàlia Boronat. Sobre Carles Porta, el magistrado remarca que es amigo personal del presidente Carles Puigdemont, argumenta que estaba al caso de la injerencia rusa en el proceso, y considera que tuvo algún papel antes y después de un supuesto encuentro con emisarios rusos.

Una jueza de Navalcarnero aprecia indicios de cuatro delitos de corrupción en Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número tres del PP de Madrid, tras cuatro años de investigación. Pese a su imputación en 2022, Isabel Díaz Ayuso ha ido ascendido a Millán en los últimos tiempos hasta convertirse en diputada autonómica en las últimas elecciones y pasar a estar aforada, motivo por el que la magistrada Lidia Prada Zurdo se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.