El Gobierno de Rajoy instauró la exclusión sanitaria para extranjeros sin permiso de residencia hace diez años (2012). La reforma de Sánchez (2018), pese a llamarse «de acceso universal al Sistema Nacional de Salud», profundizó en la exclusión sanitaria, extendiéndola a menores de edad y a mujeres embarazadas. Y el nuevo Proyecto de Ley «para consolidar la equidad, universalidad y cohesión» del Sistema de Salud (2022) mejora la situación actual, pero sigue sin garantizar la sanidad universal. Sigue recogiendo supuestos de exclusión sanitaria.

En 2012 el Gobierno del conservador Mariano Rajoy (Partido Popular) promulgó un real decreto con el que se excluyó a gran parte de la población de la atención sanitaria gratuita. La doctora Garrido denuncia que tanto la Atención Primaria como el hospital están completamente saturados: "Llevamos ya semanas así y se están negando servicios que en otros lugares de Madrid se siguen dando, porque no damos abasto".

De los 557 casos detectados desde el 1 de agosto, la ONG ha detectado entre ellos a 56 menores de edad, 17 mujeres embarazadas, 22 episodios de urgencias y 10 inmigrantes reagrupados.Entre los casos de exclusión identificados por la organización destacan seis casos de cáncer, cinco de VIH, siete de enfermedades cardiovasculares o siete de diabetes.Algunas comunidades autónomas aplican la ley de forma "restrictiva" y niegan la sanidad a inmigrantes en situación irregular que llevan menos de tres meses en España..

La Red de Denuncia y Resistencia al real decreto de reforma sanitaria (Reder) ha documentado entre abril y julio de este año 338 casos de "vulneraciones del derecho a la salud", que se suman a los 2.496 que lleva detectados esta entidad desde que se creó hace dos años. En un informe titulado La salud en los márgenes del sistema, la Red hace un balance cuatro años después de la entrada en vigor de la reforma sanitaria —el 1 de septiembre de 2012—que supuso la exclusión de la sanidad pública de más de 800.000 inmigrantes.

La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012 (REDER) ha puesto “nombre y apellidos” a la exclusión sanitaria derivada de la reforma de 2012,que privó a las personas en situación irregular o con algún obstáculo administrativo del acceso gratuito al sistema sanitario español.Aunque la reforma puesta en marcha por la exministra Ana Mato decretó que estas personas serían atendidas en los servicios de urgencias, han trascendido numerosas denuncias de enfermos que han sufrido las consecuencias de la falta de tratamiento o han fallecido...

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública extenderá el acceso al sistema sanitario de los extranjeros en situación irregular en las mismas condiciones que el resto de usuarios de la red pública valenciana para acabar con el "modelo exclusivo" y que "recorta derechos" del Gobierno central.

Los colectivos Marea Granate y Yo Sí Sanidad Universal se han unido para lanzar la campaña 'Nos echan de la salud' y denunciar así la exclusión sanitaria que sufren los españoles emigrados debido al Real Decreto 16/2012.

Tres años después de su aprobación, el Real Decreto-Ley 16/2012 (RDL) sigue violando los derechos humanos de las personas migrantes en situación administrativa irregular. Desde la entrada en vigor del RDL, 748.853 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos facilitados por el Gobierno.

Más de dos años después de la aprobación del decreto de exclusión sanitaria de los sin papeles, 120.000 personas no tienen asistencia. Médicos del Mundo denuncia que hay casos de incumplimiento del decreto por desconocimiento de los profesionales.

"La corrupción es muy preocupante, pero es necesario recordar que Ana Mato ha estrenado la exclusión sanitaria y también es culpable de ello", dicen desde Yo Sí Sanidad Universal. El Gobierno aún no ha aportado cifras sobre el supuesto ahorro tras excluir a miles de personas de la Sanidad, el presunto objetivo la reforma, mientras las ONG exigen la derogación de su decreto sanitario: cerca de 800.000 personas perdieron su tarjeta médica en 2012 y dejaron de poder acudir al médico.

Las fuerzas israelíes han detenido arbitrariamente a trabajadores sanitarios palestinos en Gaza desde que comenzaron las hostilidades en octubre de 2023, los han deportado a centros de detención en Israel y, presuntamente, los han torturado y maltratado, señaló hoy Human Rights Watch. La detención de trabajadores sanitarios en el contexto de los repetidos ataques del ejército israelí a hospitales en Gaza ha contribuido a la catastrófica degradación del sistema de salud del territorio asediado.

La movilización es la situación del centro de salud, "que estuvo cerrado durante dos semanas en pleno verano, cuando la población aumenta significativamente a causa del turismo". Ahora, la atención "es deficitaria" porque es compartida con los vecinos de Mera y el municipio de Mañón. "Más Concha, menos Duna" y "La salud no es negociable" fueron sus lemas.

"Hoy se reunió el Comité de Emergencia y me informó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado esa recomendación", ha anunciado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El 23% de las personas menores de 30 años con un contrato laboral vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Siete de cada 10 personas jóvenes que trabajan en España (70,4%) siguen viviendo en el hogar familiar. Ni siquiera un sueldo les permite el acceso a una vivienda, lo que tiene sentido si se tiene en cuenta que el precio del alquiler en 2023 fue el más alto de la historia: unos 968 euros de media por un piso al mes. La precariedad laboral tampoco ayuda.