El Tribunal Constitucional ha inadmitido los recursos de amparo presentados por familiares de Lasa y Zabala, militantes de ETA asesinados por los GAL en 1983, contra la decisión de que no reciban la indemnización complementaria prevista en la ley de víctimas del terrorismo. El Constitucional avala que queden excluidas de esas ayudas complementarias quienes participen en delincuencia organizada o pertenezcan a una organización dedicada a perpetrar delitos violentos.

El Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido el recurso de amparo presentado por la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) contra la sentencia del Supremo que les negó la indemnización que reclamaban a la farmacéutica alemana Grünenth. "Esto es el final", ha lamentado Basterrechea, presidente de la Asociación de victimas de la Talidomida que ha denunciado que España es "el único país del mundo en el que el culpable demostrado sale libre de todo mal y toda causa".

Los magistrados Concepción Espejel y César Tolosa han suscrito un voto particular en el que comparten con sus otros dos colegas de la minoría conservadora que el Tribunal Constitucional no solo debió desestimar los recursos de amparo de los cinco condenados de los ERE a los que la mayoría progresista ha amparado en el Pleno de esta semana, sino que se ha extralimitado en su función constitucional

El reproche del Constitucional pasa por acusar a ambos tribunales de desconocer cómo funciona el sistema político andaluz e invadir la separación de poderes al criminalizar actos legislativos del Gobierno regional. Elaborar y aprobar anteproyectos de ley, el embrión de esas ayudas, “no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”. Son actos, dijo, “dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía” y su contenido “no puede ser objeto de control por ningún órgan

El Ayuntamiento abona 240.000 euros la familia de Shamira Yeguas.

Un empresario simula que se jubila para despedir a un empleado y meses después vuelve a darse de alta como autónomo desarrollando la misma actividad comercial. El despido ha sido finalmente declarado como improcedente.

Los cambios normativos que el Ejecutivo madrileño de Díaz Ayuso ha impulsado en la normativa autonómica sobre la ley trans y LGTBI serán sometido al escrutinio del más alto nivel judicial. El Consejo de Ministros ha acordado este martes recurrirlas mediante la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes trans.

El Tribunal Constitucional anulará las condenas por malversación a los altos cargos de la Junta de Andalucía que no formaban parte de la Consejería de Empleo porque se limitaron a ejecutar una ley que fue aprobada por el Parlamento andaluz con transparencia ya que las leyes de presupuestos contemplaban las partidas aprobadas. Una ley no delinque es un principio básico del derecho,

España vive sujeta a un inusitado debate público sobre la politización de la justicia. En este marco, no podía quedar fuera del debate el Tribunal Constitucional, cuya composición actual fue aprobada recientemente, lo que no ha sido óbice, para que el PP cargue contra algunos de sus magistrados por su currículum, o por sus reconocimientos públicos, negativos si los concedió un Gobierno socialista y sin menoscabo alguno si lo hizo el presidente Rajoy o el ministro de Justicia Ruiz Gallardón.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente este miércoles por mayoría la condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez por los ERE de Andalucía.

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que Vox presentó contra la reforma de la ley del aborto de 2023, que entre otras cosas elimina la obligación de que las jóvenes de 16 y 17 años cuenten con el permiso paterno para abortar.

El PSOE lleva mañana al Hemiciclo una Proposición de Ley para que los empleados públicos que trabajan en las prisiones tengan el principio de veracidad y puedan tener una compensación si son agredidos. En 2023 hubo 508 agresiones, un aumento del 127% en cinco años.

En primera instancia la sentencia reconoció que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados con un «ambiente laboral hostil» del que hasta los clientes eran conocedores y condenando a la empresa a pagar una indemnización de 105.000 euros. El trabajador recurrió el fallo, dándole de nuevo la razón el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que eleva la indemnización a 247.000 euros: mantiene los 55.000 por daños morales y consigna en 197.000 la indemnización por despido improcedente.

Comisiones Obreras ha aplaudido que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado en una sentencia la no financiación con recursos públicos de los centros que apliquen la educación segregada. El sindicato ha celebrado que esta sentencia "se alinee claramente con los posicionamientos de la eliminación del concierto educativo para los centros que segregan a niños". Además, Comisiones Obreras ha advertido que seguirá denunciando con todos los medios a su alcance los posibles incumplimientos de esta sentencia.

La sentencia considera que, dentro de la normativa, la perspectiva de género tiene un enfoque metodológico y no es un planteamiento ideológico, como denunciaba el partido de Abascal.

Una cadena de correos electrónicos de altos cargos del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria revela que un letrado del Tribunal Constitucional filtró información al Ministerio de Cristóbal Montoro. 'Este es el recurso de inconstitucionalidad presentado por Podemos contra la Ley de Contratos del Sector Público', especifica un email dirigido a un alto cargo del Ministerio

La Audiencia Nacional ha reconocido a un tinerfeño el derecho a recibir 13.000 euros por parte del Estado como indemnización por haber permanecido preso de forma preventiva desde el 19 de enero de 2018 al 23 de abril de 2019 acusado por su prima de violarla y quedar finalmente absuelto.La Fiscalía llegó a pedir 10 años por la agresión sexual y 1 más por el de lesiones. En principio el hombre pedía 138.000, lo que fue rechazado por el Ministerio de Justicia por lo que acudió a los tribunales que ahora le reconocen el derecho a ser indemnizado

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha decidido sumarse a la batalla legal contra la ley de amnistía recientemente aprobada en el Congreso. Esta semana, el Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará al Consejo Consultivo de la región un informe preceptivo, paso necesario antes de presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional