Compañías de beneficiarios de la amnistía como Almirall, Meliá, la petrolera de Cañete o un Borbón, en el ránking de mayores ayudas junto a sociedades de los Carceller, que reconocieron un fraude multimillonario, o del magnate Aristrain, pendiente de juicio.

La auditoría de la firma PwC a las cuentas de Goodgrower del ejercicio 2023, fechada el pasado 14 de junio, recoge por segundo año consecutivo una salvedad por este motivo. El auditor deja patente que las cuentas de la sociedad de cabecera de los Gallardo “no incluyen la información relativa al importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio y del ejercicio anterior por el personal de alta dirección y de los miembros del órgano de administración”. La normativa contable obliga incluir eso

La mayoría de la Junta de Fiscales ha coincidido con el fiscal general en que, tras la entrada en vigor de la ley, "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", lo que incluye la orden nacional de detención activa contra Puigdemont. Así las cosas, la Fiscalía enviará mañana su respuesta al juez instructor del procés Pablo Llarena y a la Sala de lo Penal del Supremo.

Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno se oponen a la instrucción que han recibido esta misma mañana para que se posicionaran a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención que pesa contra el expresident de la Generalitat.

Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno han enviado al Fiscal General del Estado el informe definitivo contrario a aplicar la ley de amnistía a los líderes independentistas que impulsaron el referéndum ilegal del 1 de octubre. Los fiscales del Tribunal Supremo sostienen que el delito de malversación que pesa sobre los fugados Carles Puigdemont, Lluis Puig y Toni Comin y sobre los condenados Oriol Junqueras, Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull encaja en las excepciones que contempla la ley.

Los representantes del Ministerio Público ante el Supremo sostienen que concederles la medida de gracia es “contraria a las leyes”. Los fiscales han entregado un informe en el que reafirman su postura de no aplicar la medida de gracia a los encausados por malversación y advierten de que, si reciben la orden contraria, exigirán la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala.

A medida que se acerca la aprobación de la ley de amnistía, surgen serias dudas sobre la posibilidad de que Carles Puigdemont pueda beneficiarse de esta medida. Fuentes cercanas al tema han destacado las reticencias de los cuatro fiscales encargados del procés, quienes cuestionan la aplicabilidad de la amnistía tanto para Puigdemont como para Oriol Junqueras, enfrentando cargos por malversación agravada y terrorismo, respectivamente.

"Si la amnistía obedece a una pura razón de convivencia política que, de modo coyuntural, pueda beneficiar a determinados ciudadanos por el mero hecho de alcanzarse un acuerdo político (en este caso, para una investidura), la amnistía así concedida contraviene claramente el principio de igualdad ante la ley", añaden. Sobre este extremo, además, sostienen que "no es necesaria la amnistía para alcanzar el efecto jurídico deseado", dado que consideran que éste "puede obtenerse mediante la reforma del Código Penal o mediante el indulto".

El Gobierno ya está pensando en el siguiente paso, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya cambiado de criterio y apoye la tesis del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de que existen indicios por este delito contra el expresidente catalán. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que la última palabra "la tiene quien la tiene", en referencia a la Fiscalía General del Estado, porque se trata de un órgano "jerárquico". Es decir, que técnicamente la opinión de la Junta de Fiscales aún puede variar.

Esta preocupación por la igualdad de los españoles no apareció entre los empresarios de la patronal cuando en 2012 se aplicó la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente de la CEOE en esa época, Juan Rosell, se mostró a favor deuna amnistía fiscal para inyectar liquidez.

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la postura que ha mostrado con respecto a la ley de amnistía. García Ortiz, hizo referencia este sábado a la futura norma durante el discurso que pronunció en el XXIV Congreso de la Asociación de Fiscales celebrado en Jerez de la Frontera (Cáidz)

Álvaro García Ortiz asegura en el congreso de la asociación conservadora en Jerez que el ministerio público se pronunciará “a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico demande” su intervención y declara: “cualquier posicionamiento del Ministerio Fiscal respecto a la anunciada Ley de amnistía, exige, en todo caso conocerla en su literalidad”

La amnistía es uno de los términos legales que se encuentra de máxima actualidad tras el pacto sellado entre PSOE y ERC, como una de las condiciones que exigen los republicanos para alcanzar un acuerdo de investidura que garantice el nuevo gobierno del PSOE con Pedro Sánchez

Anda muy cabreado el facherío patrio con la posibilidad de que se pueda negociar una amnistía para los encausados en el Procés. Algunos usan la palabra «anticonstitucional» para referirse a esa probable amnistía. Al respecto, hay varias «cosillas» a tener pero que muy en cuenta…

La cifra total que se regularizó bajo esta amnistía fiscal ascendió a 40.000 millones de euros. El gobierno, por su parte, había calculado recaudar alrededor de 2.500 millones de euros. Sin embargo, como en muchas historias de este tipo, la realidad fue mucho menos emocionante. Solo se lograron recaudar 1.191 millones de euros. Parece que nadie en el gobierno tenía una calculadora que funcionara correctamente. Y aquí viene el segundo giro argumental. ¿Creéis que los defraudadores pagaron el 10% de sus ingresos como al principio se nos dijo?

La riojana Cartonajes Santorromán, cuyos dueños se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, no se explica los resultados récord que ha alcanzado, dice, pese a un gobierno de “ineptos” y sus medidas “en contra de la ortodoxia económica elemental”. En los últimos años, esta pyme familiar riojana ha trufado sus informes de gestión de furibundos ataques al Ejecutivo progresista.

Qué casualidad que la única acción de Montoro para luchar contra el fraude fiscal estuviera plagada de lagunas en contra de la legislación europea que salvan a los evasores. Rel: www.meneame.net/story/justicia-europea-tumba-declaracion-bienes-extran

En lugar de quejarse de la falta de colaboración por parte de las plataformas deben ser conscientes de que cuentan con instrumentos suficientes como para reprimir este tipo de delitos. Alvise Pérez, por ejemplo, ha sido absuelto de todas las denuncias que le han presentado. Por lo tanto, es lógico que se sienta impune. Como se sienten los dirigentes de Vox, o los representantes de Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos y semejantes asociaciones que se van de rositas cuando publican comentarios y difunden mensajes claramente de odio

La propuesta del economista Gabriel Zucman de gravar a las 3.000 mayores fortunas aportaría 225.000 millones anuales y es técnicamente factile, pero chocaría con la soberanía tributaria que esgrimen los territorios offshore, donde hay billones ocultos.

Cuatro meses han pasado desde que se deliberaron los recursos contra la sentencia del caso Bárcenas, que expuso la financiación ilegal del PP y el uso de dinero negro para costear la reforma de su sede. Sin embargo, la sentencia sigue sin ver la luz. En juego está una cuestión trascendental: determinar si las donaciones ilegales a las arcas del PP están exentas del pago de impuestos, como dictaminó la Audiencia Nacional, o si, el partido debe abonar el impuesto de sociedades correspondiente, lo que implicaría su condena por delito fiscal.

El fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto modificar el Código Penal para que se pueda prohibir el acceso a Internet o a redes sociales a quienes hayan utilizado estos canales para cometer delitos de odio. Esto es, a quienes promuevan o inciten directa o indirectamente a la discriminación de determinados colectivos vulnerables a través de la red.

El perdón tiene lugar 24 horas después de la toma de posesión de la hija del controvertido magnate como nueva jefa del Gobierno. Thaksin, de 75 años, regresó a Tailandia en agosto pasado después de 15 años de autoexilio, tras haber violado la fianza y huido del país en el 2008, en medio de numerosas investigaciones denunciadas por el exmandatario como una persecución política, alimentada por el Ejército del país, con el que siempre ha estado enfrentado.

La Agencia Tributaria ha confirmado que el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, tributa en Portugal a pesar de que trabaja para la Diputación de Badajoz, pero ha descartado que eso suponga ningún delito contra la Hacienda Pública. Así lo ha explicado en un informe remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz

Los socialistas andaluces condenan que la Junta presuma de "revolución fiscal" cuando se ha aumentado un 11% la presión fiscal a la clase media.

El catedrático Fernando Rey defiende la amnistía de 1977 como modélica en contraposición a la de 2024 y se lleva un buen repaso argumentado.

El motivo es la eliminación del régimen fiscal Non-Dom (‘residentes no domiciliados’) que permitía evitar pagar impuestos sobre los ingresos en el extranjero. La supresión de este régimen fiscal especial ha ocasionado una disminución del atractivo del Reino Unido para los extranjeros más pudientes. “El Brexit ocurrió y los conservadores prometieron hacer del Reino Unido un Singapur y en lugar de eso convirtieron este lugar en Bielorrusia”, ha subrayado al respecto un empresario multimillonario que mudará su residencia fiscal a Abu Dhabi.

La capital de España acogerá al menos medio millón de venezolanos en los próximos meses, según expertos en inversiones inmobiliarias y financieras confirman a El Debate. Del millón de venezolanos que se prevé se desplacen a España durante 2024 para huir del régimen de Nicolás Maduro se unen dos circunstancias más: la vigencia de la Golden Visa que Sánchez intenta limitar para la adquisición de bienes inmuebles y la Ley Mbappé que deduce el 20 % en el IRPF madrileño.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha rechazado amnistiar a los investigados del 'caso Volhov' y ha inadmitido las recusaciones presentadas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y por el jefe de su oficina Josep Lluís Alay, entre otros, para apartarlo de esta causa, en la que se investiga la presunta trama rusa del procés.

Los registros de financiación de la campaña muestran que Donald Trump donó dos veces para reelegir a Kamala Harris como fiscal general de California hace más de una década.

“Se abre la puerta a un sistema que fomenta que cada palo aguante su vela, en el que haya comunidades con servicios públicos de primera y de segunda en función de su riqueza”.

La negociación bilateral entre ERC y PSC para dotar a Cataluña de un concierto fiscal es un paso "incuestionable" en la "federalización del sistema autonómico". Así lo entiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en el balance de final de curso celebrado este miércoles en Moncloa se ha mostrado a favor de que el Gobierno negocie "bilateralmente" con las comunidades, además de hacerlo de forma "multilateral" en lo referido al sistema de financiación autonómica.