Es un proceso obligatorio para cualquier trebajador con una enfermedad común o profesional que desee solicitar una baja de largo periodo

La sobrecarga de trabajo que sufren los médicos de atención primaria y los pediatras y que ha llevado a sindicatos, organizaciones gremiales, asociaciones de pacientes u oposición política a hablar de colapso del servicio ha provocado una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por “vulnerar los derechos fundamentales” los facultativos del Servizo Galego de Saúde. En concreto, “en materia de integridad física y salud”.

Es probablemente el paso más delicado de todos los del proceso y sobre el que más leyendas urbanas se ciernen. La visita al tribunal médico y el examen del solicitante de una pensión de incapacidad permanente por parte de sus miembros suponen en muchos casos un motivo de ansiedad para las personas que piden una de estas prestaciones contributivas.

La sentencia se emitió el pasado 9 de diciembre pero no se tuvo conocimiento sobre ella hasta hace escasas fechas, explica a Invertia Alberto Novoa, socio del área laboral del despacho Ceca Magán. La clave es que, hasta ahora, se entendía que este permiso estaba amparado por apartado 37.3.d del Estatuto de los Trabajadores, que dota de este derecho a los empleados para deberes inexcusables, de carácter público y de carácter personal.

Desde 2015, los captadores de socios para Médicos Sin Fronteras (MSF) han estado sometidos a una cláusula “abusiva” que les sometía a objetivos “de imposible cumplimiento”, bajo amenaza de ser despedidos. En concreto, a sumar un mínimo de seis socios a la semana con una cuota media anual de 115 euros. Que no era una meta sencilla lo demuestra el hecho de que apenas el 11% de los empleados en Galicia lograra conseguirlo.

El Tribunal Supremo ve «abusivo» que les obligasen a captar seis nuevos donantes a la semana para no ser despedidos

El Tribunal Supremo ha rechazado obligar al Ministerio de Sanidad a suministrar en 24 horas a todos los centros sanitarios de España públicos y privados material de protección frente al coronavirus. En un auto notificado este miércoles, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima la medida solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos porque aunque entiende “la labor decisiva” que están realizando los sanitarios y que “deben contar con todos los medios necesarios” para atender a los pacientes, “no consta ninguna actuación

El Tribunal Supremo ha denegado este miércoles la medida cautelarísima solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para que se instara al Ministerio de Sanidad a proveer en el plazo de 24 horas a todos los centros sanitarios nacionales públicos y privados de una serie de medidas de protección para el personal médico.

Los médicos se han cansado de pedir el material de protección al Ministerio de Sanidad y han acudido a los tribunales al reclamar lo que la OMS considera que necesitan para desempeñar su labor, sin poner en riesgo su vida

La empresa Atento Teleservicios ha despedido por bajas intermitentes justificadas a una trabajadora de su centro de Lleida tras hacerse pública a finales de octubre la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la extinción de un contrato laboral por causas objetivas si hay faltas de asistencia justificadas, aunque sean intermitentes, ha informado UGT. Relac: www.meneame.net/story/constitucional-avala-despidos-absentismo-laboral

"Maniobra poco ética", "prevaricación", "maltrato"... Los médicos madrileños están que trinan con el Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes. La Comunidad de Madrid ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que les daba la razón en el descanso al que tienen derecho tras trabajar una guardia de 24 horas en sábado o día previo al festivo. El recurso presentado por el Ejecutivo autonómico impide que se aplique así lo dictado por el TSJM,

Lo que suele ser un trámite sencillo entre dos personas que declaran amarse, y por libre y espontánea voluntad deciden unirse en matrimonio, en el caso del galeno cubano y su novia brasileña se convirtió en una angustiosa batalla en tribunales. Todo eso porque una cláusula del contrato firmado entre los profesionales de salud y la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) S.A. especifica que los matrimonios con extranjeros deben “cumplir con la legislación cubana” y advierte que las relaciones amorosas deben ser comunicados.

El Consejo General de Enfermería ha anunciado la ruptura de relaciones institucionales y su intención de emprender acciones judiciales contra el Consejo General de Colegios Médicos por "humillar" e "insultar" a toda la profesión enfermera al cuestionar su uso, indicación y autorización de medicamentos, lo que se conoce comúnmente como prescripción enfermera, y alertar de los posibles "riesgos" que puede provocar en los pacientes.

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) sigue con su particular 'guerra' contra la forma en la que el Gobierno de Ignacio González pretende llevar a cabo la conversión de 5.000 eventuales de todas las categorías sanitarias en interinos. La medida, anunciada a 'bombo y platillo' por el presidente madrileño antes de las elecciones europeas, ha sido ampliamente criticada por el sindicato, sobre todo ante los “criterios subjetivos” que se seguirán para decidir quién gozará de esta conversión.

El Tribunal ha decidido que los padres fundadores establecieron, en su infinita sabiduría, que son los tribunales quienes deben tener la última palabra interpretando leyes. En vez de burócratas desconocidos trabajando en un sótano en alguna oficina con goteras en Washington los que deciden sobre sustancias contaminantes, estándares para aprobar medicamentos, protocolos de seguridad en reactores nucleares o los requisitos de señalización en una línea ferroviaria quienes pueden y deben analizar y aprobar todas estas cosas son los jueces.

Reventaron la puerta de la sala de partos y empezaron a atizar a todo el que se cruzaba por delante y a destrozarlo todo, con total impunidad. Un grupo de ocho personas agredió, este miércoles, al personal sanitario del Hospital de Terrassa y rompió material del centro, con mucha brutalidad. Según los testigos, los agresores acompañaban a una embarazada y se enfadaron porque la visita no salió como pensaban que iría. El ataque afectó a dieciséis trabajadores del hospital, de estos cuatro sufrieron problemas psicológicos graves

Los magistrados subrayan que no es necesario que la víctima diga explícitamente "no" ante intentos de besarla. "Lo esencial para que no haya delito es el consentimiento", declaran.

Ante las dicultades para cubrir las vacantes que se producen durante el verano en los Puntos de Atención Continuada (PACs) la Consellería de Sanidade no escatimará en recursos económicos y premiará a los médicos de familia que se presten a reforzar este servicio con un incremento sustancial de sus retribuciones. El Servicio Galego de Saúde creará una bolsa de personal voluntario que estará localizable para acudir a trabajar

Así lo ha asegurado en una publicación de la red social X (antes Twitter), dónde ha afirmado que el PP de Alberto Núñez Feijóo «no se conforma» con «haberle entregado» al jefe del Ejecutivo el Tribunal Constitucional (TC) sino que «ahora» quieren entregarle el Tribunal Supremo y el CGPJ.

En este artículo vamos a intentar responder a las preguntas y dudas más habituales de los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones en caso de citación a reconocimiento o revisión médica por la mutua o por la empresa, cuando se ausentan del trabajo por causas de salud, estando o no de baja médica: ¿Tengo obligación de ir? ¿Me pueden citar por teléfono? ¿Tengo que coger el teléfono? ¿Tengo que llevar informes? ¿Me tienen que pagar los gastos?

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Me denuncia por mis publicaciones en la red social X, cuyo contenido considera que tiene “connotaciones antisemitas” y que han sido realizadas “en un contexto de radicalización en España de carácter antisemita”. Me denuncia porque considera que estas publicaciones “pudieran provocar una incitación (directa o indirecta) en personas radicalizadas, a la consumación de actos violentos contra el denunciante u otras personas de MCI". Se me denuncia por quien soy, un periodista y activista antirracista comprometido con la causa palestina.