El Tribunal Constitucional de Portugal dictamina en la sentencia 338/2024 de 23 de abril que la Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energética (CESE) aplicada a centros de producción de energías renovables es inconstitucional: viola el principio de igualdad, del artículo 13 de la Constitución. Este es el undécimo año consecutivo que se renueva el CESE tras su introducción en 2014 por el Gobierno del PSD, pese a que inicialmente se creó como una tasa extraordinaria. En 2019 se amplió a centros generadores de electricidad usando renovables.

Los magistrados Concepción Espejel y César Tolosa han suscrito un voto particular en el que comparten con sus otros dos colegas de la minoría conservadora que el Tribunal Constitucional no solo debió desestimar los recursos de amparo de los cinco condenados de los ERE a los que la mayoría progresista ha amparado en el Pleno de esta semana, sino que se ha extralimitado en su función constitucional

El reproche del Constitucional pasa por acusar a ambos tribunales de desconocer cómo funciona el sistema político andaluz e invadir la separación de poderes al criminalizar actos legislativos del Gobierno regional. Elaborar y aprobar anteproyectos de ley, el embrión de esas ayudas, “no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”. Son actos, dijo, “dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía” y su contenido “no puede ser objeto de control por ningún órgan

Los cambios normativos que el Ejecutivo madrileño de Díaz Ayuso ha impulsado en la normativa autonómica sobre la ley trans y LGTBI serán sometido al escrutinio del más alto nivel judicial. El Consejo de Ministros ha acordado este martes recurrirlas mediante la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes trans.

El Tribunal Constitucional anulará las condenas por malversación a los altos cargos de la Junta de Andalucía que no formaban parte de la Consejería de Empleo porque se limitaron a ejecutar una ley que fue aprobada por el Parlamento andaluz con transparencia ya que las leyes de presupuestos contemplaban las partidas aprobadas. Una ley no delinque es un principio básico del derecho,

España vive sujeta a un inusitado debate público sobre la politización de la justicia. En este marco, no podía quedar fuera del debate el Tribunal Constitucional, cuya composición actual fue aprobada recientemente, lo que no ha sido óbice, para que el PP cargue contra algunos de sus magistrados por su currículum, o por sus reconocimientos públicos, negativos si los concedió un Gobierno socialista y sin menoscabo alguno si lo hizo el presidente Rajoy o el ministro de Justicia Ruiz Gallardón.

La revolución FV es, sencillamente, incontestable. La UE27 ha doblado en apenas dos años su producción solar fotovoltaica (FV). Estados Unidos ha instalado en los doce meses de 2023 más potencia que nunca antes en un año. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que China va a instalar entre 2023 y 2028 cuatro veces más potencia FV que la Unión Europea y cinco veces más que Estados Unidos. En fin, incontestable.

Claro que… según Tesla, esas baterías duran 20 años. Una barbaridad… menos de la mitad de lo que dura una central de ciclo combinado, por ejemplo. Eso implica que sale a 37207M€ cada año. Sólo en amortización de baterías. Impuestos, mantenimiento, costos de capital, costos de operación, acometidas, etc aparte.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente este miércoles por mayoría la condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez por los ERE de Andalucía.

Multiplicando la capacidad de la industria solar china por la vida útil de sus células fotovoltaicas, las siete grandes empresas que lideran el sector superan en producción de energía útil a todas las reservas geológicas desarrolladas por las empresas petroleras, incluso teniendo en cuenta una degradación del 1% anual para los paneles solares.

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que Vox presentó contra la reforma de la ley del aborto de 2023, que entre otras cosas elimina la obligación de que las jóvenes de 16 y 17 años cuenten con el permiso paterno para abortar.