La magistrada Susana Polo rechaza los recursos de Vox y otras acusaciones y ratifica que la prolongación irregular de la causa por parte de Manuel García Castellón derivó en la nulidad del caso contra el expresident catalán y el diputado Rubén Wagensberg.

Se jubila Manuel García Castellón, el magistrado al que los gobiernos de Aznar y Rajoy regalaron diecisiete años de exilio dorado en París y Roma y que volvió a la Audiencia Nacional a ocuparse de que los rivales del PP lamentaran pasar por su juzgado. Desde meter en prisión preventiva a Mario Conde –presidente de uno de los grandes bancos, inversor y amiguete de Pedro J. Ramírez y prestamista del rey Juan Carlos, nada menos– a acabar su carrera judicial cometiendo un error de principiante y viéndose obligado a dar carpetazo al caso Tsunami.

El magistrado de la Audiencia Nacional que vio terrorismo contra Puigdemont en el caso Tsunami y que investigó las causas contra Podemos pidió adelantar su salida de la carrera judicial el pasado mes de junio

Los magistrados explican que con el cambio de posición procesal "es evidente que sus declaraciones prestadas anteriormente como testigo carecen de validez a todos los efectos, mientras persista su condición de investigado"

Tres días antes de que Junts y PSOE plasmaran por escrito su acuerdo para sacar adelante una ley de amnistía para los condenados y procesados a raíz del procés independentista, el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, enviaba una exposición razonada al Tribunal Supremo sobre la causa Tsunami Democràtic, referida a las acciones de protesta en Catalunya por la sentencia del procés, en octubre de 2019.

El juez dicta un auto en el que insiste en apreciar delitos de terrorismo pero añade que después de la decisión de la Sala de lo Penal no tiene otra opción que cerrar la causa

El magistrado García Castellón propone juzgar por delitos de cohecho en grado de continuidad y una pluralidad de delitos de revelación de descubrimiento y relevación de secretos al banco BBVA y a su expresidente, Francisco González por la contratación del comisario José Manuel Villarejo para la realización de distintos encargos ilegales entre 2004 y 2017, y por los que habría pagado en torno a 10 millones de euros.

La supuesta trama rusa de apoyo al independentismo catalán hace aguas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha enviado al juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, una resolución que dictó el julio de 2020 en la cual cierra una investigación sobre "un supuesto ciberataque ideado y perpetrado por personas afines al movimiento independentista catalán y miembros de agencias de la Federación Rusa" por falta de indicios y donde asegura que "solo hay opiniones".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves la petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a cargo de estudiar cómo afecta la amnistía a los investigados de Tsunami Democràtic, de adelantar su jubilación del 16 de octubre –cuando cumple 72 años– al 2 de septiembre.

Cambio de planes. El juez Manuel García-Castellón no se jubilará este verano como se anunció el mayo pasado, después de comunicarlo a su entorno más próximo, sino que ahora prevé cumplir la permanencia en el servicio activo de la judicatura hasta la edad máxima de 72 años, tal como pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se le concedió, sin que haya anunciado ningún cambio, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por ElNacional.cat este lunes.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados y a otras 42 personas en la pieza 8 del caso Púnica por las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra).

El periodista del periódico Directa Jesús Rodríguez (Santa Coloma de Gramenet, 1974), conocido por destapar numerosos casos de infiltración policial en movimientos sociales, está exiliado en Ginebra (Suiza) desde finales de 2023, tras ser investigado por "terrorismo" y acusado de tener información previa de las manifestaciones organizadas por Tsunami Democràtic en otoño de 2019.

La secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, investigada en la causa abierta a Tsunami Democràtic por terrorismo, ha quedado en libertad tras una breve comparecencia ante el juez en la que ha defendido que el independentismo no es un movimiento violento. Molina, que ha declarado por videoconferencia desde Barcelona, ha sido la única de la decena de investigados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que ha acudido a la citación judicial de este miércoles.

Villarejo: «Tema Pedro Sánchez. Importante». Francisco Martínez: «¿Eso no lo sabe nadie, verdad?» Villarejo: No lo sabe nadie. Yo creo que eso hay que manejarlo con… Paco, con muchísima…. ¡A nadie, a nadie, a nadie!… El tema de las saunas esas lo sabe la Comisaría General de Información porque ahí iban políticos. Son saunas de pilinguis. Son tres hermanos». Así empieza una conversación sobre Pedro Sánchez y los negocios de su suegro que dura casi 11 minutos y que ya publicó Crónica Libre.

El juez Manuel García Castellón ha rechazado investigar si la 'policía patriótica' conspiró para obtener información del suegro de Pedro Sánchez y perjudicar al hoy presidente del Gobierno. El magistrado ha denegado la petición del PSOE de abrir una línea de indagación a raíz de unas conversaciones de 2014 en las que el comisario de policía y Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, exploraban la posibilidad de espiar al padre de Begoña Gómez para “matar políticamente a Sánchez”.

El sumario de una investigación judicial iniciada hace casi dos años revela ahora que el juez Manuel García Castellón conoció un informe policial de Asuntos Internos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, remitido en junio de 2022 donde se informaba sobre esos planes contra el recién elegido líder socialista, entonces convertido en principal adversario del Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Juan Carlos Peinado es un juez más dentro del hervidero de juzgados de instrucción de Madrid, pero más allá de esta realidad gris y anodina, siempre ha anhelado escalar en la jerarquía de la carrera judicial y conseguir eco mediático. Y ahora, tras varias tentativas fallidas, por fin ha hecho diana con la denuncia del grupúsculo de extrema derecha Manos Limpias en contra de Begoña Gómez , pareja del presidente español Pedro Sánchez .

Según García Castellón el PP no se benefició de la contabilidad paralela de su formación madrileña para sufragar los gastos electorales de los comicios de 2011, los últimos de Aguirre como presidenta regional. Una tesis radicalmente contraria a lo que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo consideraron probado en el 'caso Gürtel' sobre la caja B que manejó el entonces tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. Rel. old.meneame.net/story/audiencia-nacional-lleva-juicio-mano-derecha-esp

El tribunal especial se agarra a un error formal de un investigado, que permitió subsanar en otros casos, para no valorar las opiniones del juez contra la amnistía, y tiene pendiente analizar la errata con el plazo de instrucción denunciada por las defensas. La única esperanza que las defensas del caso tienen en poder apartar a García Castellón es un número: 324. Es el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula los plazos de instrucción y que, según los independentistas, García Castellón vulneró, lo que, a su juicio, aboca.....

El partido pide al tribunal de garantías que obligue al Supremo a investigar al juez y a su ayudante, a quienes acusa de haber violado su derecho a una participación política “en igualdad de condiciones” con sus resoluciones “prevaricadoras”. Manuel García Castellón y Joaquín Gadea han vulnerado su derecho a ejercer la acción política “en igualdad de condiciones” con otras formaciones, recogido en el artículo 23 de la norma fundamental. Ocurrió en la causa que abrió García Castellón e instruyó Gadea sobre la supuesta financiación ilegal del....

La Sala de lo Penal estima así el recurso que presentó el fiscal del caso, Carlos Berro, que en su escrito indicaba que no encontraba delito en los chats que investigaba el magistrado. La Audiencia Nacional ha decidido dar por concluida la investigación abierta por los ongi etorri (actos de homenaje) a presos de ETA y ha corregido, por tanto, la decisión del juez instructor Manuel García Castellón. El magistrado decidió ampliar la investigación a chats presuntamente administrados por Sortu, en los que se impartirían directrices e...