López decidió "ir a saco" contra Ayuso por su gestión de las residencias en lo peor de la pandemia

Tres días antes de que Junts y PSOE plasmaran por escrito su acuerdo para sacar adelante una ley de amnistía para los condenados y procesados a raíz del procés independentista, el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, enviaba una exposición razonada al Tribunal Supremo sobre la causa Tsunami Democràtic, referida a las acciones de protesta en Catalunya por la sentencia del procés, en octubre de 2019.

Agentes de la Policía Nacional arrestan al director de Malinche tras recibir denuncias de extranjeros afectados

En política, es fundamental la habilidad para mantenerse en el candelero, pero también es vital saber salirse del foco cuando vienen mal dadas. Sobre la habilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para acaparar los titulares se ha escrito mucho, aunque se ha puesto menos en valor su capacidad para borrarse del mapa cuando no le conviene. Y en una semana negra para la derecha y la ultraderecha en Europa, Ayuso ha sabido usar una bomba de humo para desaparecer, hasta el punto de quedarse sin agenda pública.

Díaz Ayuso, de 45 años, es una de las figuras más relevantes del Partido Popular español y la única capaz de hacerle sombra al liderazgo del actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo las investigaciones de la Fiscalía por posible fraude fiscal y presunta falsedad documental a quien es su novio desde hace casi tres años -y con quien convive en un departamento costoso-, empañan a la presidenta regional y la acorralan.

Un año más, ha comenzado en Madrid la semana del Orgullo, la cual está basada en la reivindicación de los derechos LGTBI y en protesta contra los discursos de odio promovidos por la derecha. Miles de personas han salido por las calles de Madrid y muchos han clamado contra la derecha que asola la ciudad: "Ayuso, Almeida, iros a la mierda", se ha escuchado por las calles de la capital en protesta contra las políticas derechistas y conservadoras promovidas por los Gobiernos regional y local.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está preparando una nueva ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia con la que pretende perseguir, castigar y silenciar las protestas estudiantiles.

El fiscal considera probado que los correos fueron filtrados antes de que los fiscales imputados tuvieran acceso y ante los indicios que apuntan al entorno de Ayuso como fuente, reclama al juez que cite a su pareja, Alberto González y a su abogado, para que testifiquen a quién dieron acceso a sus comunicaciones con el Ministerio Público sobre las negociaciones para su acuerdo por fraude fiscal

La Comunidad de Madrid busca en la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia regular un régimen disciplinario y sancionador que garantice el orden público porque “la autonomía universitaria no es ilimitada”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado hoy en Salamanca el acuerdo alcanzado por las doce comunidades autónomas gobernadas por el PP (Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León) por una EvAU (antigua Selectividad) común, con «un protagonismo destacado del Ejecutivo regional en el diseño de la misma».

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado que se eleve al Tribunal Supremo la querella por presunta revelación de secretos al considerar que hay indicios que apuntan a la responsabilidad del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Dos fiscales son investigados por la nota de prensa de la Fiscalía que desmentía un bulo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.

José Ramón Julio Márquez Martínez sorprende al desvelar su vínculo con Isabel Díaz Ayuso: "Fuimos compañeros de juegos en el pueblo". Ramoncín asegura que "Isabel tiene un acusadísimo síndrome de Hubris y ella solo ve el mundo desde su punto de vista". "Me gusta esta familiaridad en cuanto a Isabel", le comenta Iñaki López, a lo que Ramoncín responde desvelando que "fuimos compañeros de juegos en el pueblo de pequeños".

Sin embargo, con el objeto de esquivar este proceso legal indispensable, se encargó la obra a una única empresa y se le fue pagando de manera fraccionada, dividiendo el montante total en facturas de menos de 40.000 euros más IVA. ¿Por qué ese importe? Porque es el importe máximo que se puede pagar en obra pública para que el contrato sea considerado contrato menor, según la ley 9/2017 de contratos del sector público, lo que permite no sacar a concurso el proyecto.