El afectado presentó una reclamación con su abultado cuadro clínico residual, que fue desestimada por la Seguridad Social pese a que, entre otras dolencias, tiene linfocitopenia CD4, leucopenia y trombopenia secundarias, síntomas de síndrome de fatiga crónica, astenia crónica, esteatorrea, malabsorción por enfermedad celíaca, hiperlaxitud ligamentaria, reinervación crónica en miotoas L5, «fracaso quirúrgico» tras intervención por listesis, hipotiroidismo subclínico, aftosis bucal recurrente y artromialgias de predominio lumbar.

La mano derecha de José Luis Ábalos simultaneó su primer salario como escolta y chófer del PSOE y su sueldo de asesor en el Ministerio con una pensión por incapacidad permanente total. El hermano de Koldo, Joseba García Izaguirre, también se encontraba en la misma situación de incapacidad cuando en 2019 incorporó al ente público Ineco y, en 2022, pasó a la plantilla de Emfesa, otro organismo del Ministerio en el que sigue trabajando, ya con Óscar Puente al frente. Al menos otro familiar del clan García Izaguirre disfruta de la misma prestación.

El magistrado Juan Peña Osorio, titular del Juzgado de lo Social 7 de Valencia, quitó al trabajador David Claver la prestación por incapacidad permanente total, lo que suponía una pensión vitalicia de 700 euros netos al mes (por doce mensualidades). El juez se convenció, a través de un completo informe, que comprendía grabaciones audiovisuales y fotografías aportadas por un detective, de que la mano derecha del trabajador, que se suponía que le había quedado inutilizada, en realidad estaba plenamente operativa.

El cabeza de lista del PP por Huelva en las últimas elecciones generales, Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz que fue asesinada en 2008, ha renunciado a la pensión por incapacidad permanente que ha estado percibiendo estos últimos años al ser incompatible con su sueldo de diputado nacional, según desveló él mismo a Vozpópuli.

La pensión que recibe Juan José Cortés ha levantado polémicas y suspicacias en torno a retribuciones que también se deberían cobrar.

Aunque la ley lo prohíbe porque fue hallado culpable de corrupción y violaciones a los derechos humanos, el Congreso aprobó una asignación de por vida para el expresidente. Alberto Fujimori mantiene una deuda millonaria con el Estado peruano de la que no ha pagado ni un centavo. La deuda asciende a 57 millones de soles (15.405.000 dólares). Si bien algunos especialistas consideran que la Procuraduría podría embargar su pensión a modo de pago, el asunto es descabellado: con 86 años a cuestas, Fujimori necesitaría más de 300 años de pensión....

La reivindicación del independentismo catalán de tener su propia Seguridad Social ha quedado en el olvido. El pago de las pensiones está centralizado para todas las regiones y Hacienda cubre el déficit del sistema con transferencias de impuestos

El acuerdo alcanzado por el gobierno y los agentes sociales en torno a la reforma de las pensiones busca fomentar que los trabajadores alarguen su vida laboral. Esto supondría un alivio al sistema pues cobrarían la pensión más tarde.

Lo contamos hace unos meses. En Europa no paramos de buscar una fórmula que alivie la situación de la jubilación y la pensión de las personas. Pero nada de lo que ocurre en el continente se parece a lo que acontece en China y sus 300 millones de pensionistas (y otros cientos que se proyectan en diez años). El país ha tomado una decisión para atajar el problema: subir de forma gradual la edad de jubilación.

El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso de los Diputados, donde deberá reunir los apoyos necesarios para ser aprobado, el veto a los despidos automáticos ante incapacidad sobrevenida. La principal novedad que el Ejecutivo ha introducido en la misma durante la audiencia pública es que los trabajadores afectados por una incapacidad sobrevenida y que quieran seguir trabajando podrán cobrar una prestación pública durante los tres meses que tienen por ley sus empresas para adaptarles el puesto de trabajo.

El Gobierno ha aprobado la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Lo ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha explicado que el cambio del artículo 49.1.e elimina como causa automática de despido el reconocimiento de la incapacidad permanente en cualquiera de sus grados del empleado. Es decir, a partir de ahora, estará en manos del trabajador decidir si desea extinguir la relación laboral. Antes, esta decisión era de la empresa.

En una resolución que retrata una realidad hiriente, más frecuente de lo que se cree, el Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona ha estimado la demanda continuada por dos vecinos de Navarra y que había iniciado un familiar del que eran herederos, el cual falleció por suicidio en septiembre de 2022, y que debía haber sido reconocido en su día por la Seguridad Social con una incapacidad permanente absoluta debido a su maltrecho estado de salud, con graves patologías diagnosticadas y serios problemas de salud mental.

Una estafa a gran escala.La Agencia Nacional de Discapacidad llevó a cabo una auditoría que desveló 1.222.000 pensiones por invalidez tras la gestión de Fernández."Ni un país que haya sufrido una guerra tiene semejante cantidad”, dijo el portavoz. Hay casos peculiares,la Dirección General de Cultura concedió el 65% en menos de 30 días,cuando suele ser 2 años. En Chaco 150 beneficiarios utilizaron la misma radiografía. Un médico correntino adjuntó una radiografía de un perro. El Gobierno pondrá en marcha una auditoría total y denuncias penales

Un juzgado de lo Social de Oviedo reconocía en diciembre de 2022 la situación de gran invalidez de un vendedor de cupones de la ONCE, basándose en su condición de ceguera total y otros trastornos psicológicos. Sin embargo, medio año después, en julio de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) revocaba la sentencia inicial y le retiraba esa condición de gran invalidez, habiendo sido esta decisión además ratificada recientemente por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

El país se enfrenta a una crisis de jubilación en la que muchos de estos adultos mayores no tienen ni los ahorros ni el patrimonio suficiente para mantenerse una vez que se retiran y dejan de ingresar su sueldo mensual. Para poder jubilarse de una forma cómoda y segura los adultos estadounidenses necesitaban 1,5 millones de dólares, “el 52% de los boomers tenían $250,000 o menos en activos de jubilación”. Los que más lo están sufriendo son los 'pico boomers', los últimos miembros de la generación, con 65 años recién cumplidos.

La mayor gestora de planes de pensiones privadas de Noruega, KLP, ha desinvertido en la empresa estadounidense Caterpillar, por el papel de sus excavadoras en la demolición de casas palestinas. Ha vendido acciones y bonos por 728 de millones de coronas (65 millones de €). Kiran Aziz, su responsable de inversiones, explica que el fabricante texano vende a israelíes maquinaria “usada para demoler viviendas e infraestructuras palestinas para despejar el camino a asentamientos israelíes ilegales en Gaza y Cisjordania" y su ejército los usa también.

El Gobierno ha lanzado una nueva batería de propuestas en materia de pensiones a la patronal y lo sindicatos. Desde el Ministerio de Seguridad Social, capitaneado por Elma Saiz, ha planteado un incentivo a la jubilación demorada y la compatibilidad del cobro de la pensión con el del salario percibido. En el primero de los casos, el aliciente llegaría una vez superado en dos años la edad legal de jubilación, momento en el que los incentivos pasaría a cobrarse semestralmente, si se prefiere.

“Los derechos de los consumidores siempre han avanzado a partir de grandes desgracias. En España fue el caso de la colza”. El periodista Andreu Missé (Barcelona, 1947), fundador y director de la revista Alternativas Económicas plantea que los derechos de los consumidores son la “pata coja del Estado del Bienestar”, y están lastrados porque son “derechos dispersos”. Su reivindicación es difícil precisamente por la atomización de los consumidores. De los derechos de los consumidores y de la larga batalla por su reconocimiento

Ana tiene 56 años y trabajó más de 35 como agente en el aeropuerto de Gran Canaria. La última década, en el servicio de reclamaciones de equipajes perdidos. Se le ha diagnosticado el síndrome del trabajador quemado (burn out), un estado de agotamiento por estrés laboral crónico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como enfermedad profesional en 2022.