La ley trans no indica un plazo mínimo para concluir un cambio de sexo. Desde que una persona acude al Registro Civil a solicitar un cambio de sexo hasta lo obtiene, la ley trans marca un plazo máximo de cuatro meses. Hay que solicitar el inicio del procedimiento, el organismo citará al solicitante para una comparecencia inicial, en un plazo máximo de tres meses se volverá a llamar a la persona para que ratifique su decisión y en un máximo de un mes se emitirá una resolución final. FALSO: La ley trans no indica un plazo mínimo para ...

El Tribunal Supremo prevé abordar en menos de un mes alguno de los recursos presentados por condenados por delitos sexuales contra sus sentencias, en los que piden adecuar sus castigos a las penas contempladas en la Ley conocida como "ley del solo sí es sí".Ya tiene encima de la mesa varios recursos de casación contra sentencias sobre delitos sexuales, en los que las defensas han invocado una infracción de ley y piden adaptar las penas impuestas a la horquilla de condenas contemplada en la "ley del solo sí es sí".

La ministra reprocha no haber emitido su dictamen sobre la reforma de la ley. Fuentes del CGPJ criticaron que el plazo de quince días concedido por el Ministerio era "imposible" de cumplir. El informe fue solicitado el pasado 13 de junio y tendría que haber estado listo el 30 del mismo mes. El artículo 561.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "el CGPJ emitirá su informe en el plazo improrrogable de 30 días", pero si en la orden de remisión "se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de 15 días".

Los sindicatos y plataformas de plantillas públicas temporales denuncian que el proyecto de Ley de Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público sigue sin transponer la Directiva 1999/70/CE y no cumple las sentencias del TJSE. En la convocatoria de la protesta se denunciará el incumplimiento de la Ley por parte de las administraciones españolas, “que sancionan la contratación temporal abusiva en la empresa privada, pero llevan décadas aplicándola sin ningún rubor al cubrir plazas estructurales con contratos temporal

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso de casación contra la decisión de la Audiencia Provincial murciana de exonerar al expresidente de esta Comunidad Pedro Antonio Sánchez del caso de corrupción denominado Pasarelas por superar la juez en dos días el plazo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para investigar, según adelantó La Verdad de Murcia y ha confirmado a Vozpópuli una portavoz de la Fiscalía General del Estado, que no ha facilitado una copia del escrito.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, impulsada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y firmada por su sucesor, Rafael Catalá, por la que se fijaba un límite de seis meses para la instrucción de causas que no pudieran declararse "complejas", ha torpedeado la persecución de los delitos asociados a estas causas, en general de corrupción, según han reivindicado todas las asociaciones judiciales en conversación con este periódico. En los últimos días, dicha reivindicación ha recibido un fuerte respaldo oficial.

Más de 850 fiscales criticaron la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al considerar que implicaría el cierre de muchas investigaciones, algo que está a punto de ocurrir en el 'caso del ático' en el que está imputado Enrique Cerezo, ahora jefe del exministro de Justicia. Estos representantes del ministerio público consideraban que la nueva redacción del artículo 324.4 de esta Ley podía crear "espacios de impunidad", ya que limitaba los plazos para aportar pruebas a los sumarios, que podrían acabar archivándose..

Preguntaron a Google si era posible abortar mediante el uso de vitamina C o hierbas como el perejil. Hubo unas 4.000 búsquedas de orientaciones sobre cómo hacerse un aborto con una percha, incluidas unas 1.300 con la frase exacta "cómo hacerse un aborto con una percha". Además, cientos de personas indagaron en la posibilidad de abortar metiéndose lejía en el útero o golpeándose el estómago.

Francisco Torrecillas, regidor de Albox (Almería), dice que ha dado orden a la Policía Local para "arrestar" diez balones al mes. "Vecinos, acabo de empezar la campaña de recogida de balones, este es de la plaza de San Francisco, está arrestado en la Policia Local, he dado orden que de aquí a final de mes tenemos que arrestar 10 balones, Sres. padres en las plazas no se juega". Es el mensaje que ha colgado en su perfil de Facebook el alcalde de Albox (Almería), Francisco Torrecillas.

Critican la falta de colaboración de los Secretarios Judiciales así como la carencia de la herramienta informática precisa para el cumplimiento de la Ley de Plazos

En 2014 se realizaron 108.690 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que supone un total de 13.894 menos que al año anterior. Es la tercera bajada consecutiva desde que entró vigor la ley de plazos en 2010. Un 70,18% de los abortos fueron en embarazos de ocho o menos semanas.

Un documental reúne a cuatro mujeres para hablar sobre el aborto. Tres de ellas, que decidieron abortar en épocas distintas, cuentan su experiencia. "No pueden ser los consejos de expertos del Gobierno los que legislen sobre nuestros cuerpos, sino que las mujeres deben ser escuchadas", comenta Irene. Con él, la Asamblea Austrias Letras, surgida a raíz del 15m, quiere desterrar prejuicios y tabúes y "volver habituales este tipo de conversaciones". "¿Bajo qué argumentos se puede obligar a una mujer a traer un hijo al mundo?", se pregunta Miriam.

Italia aprobó hoy una ley que reducirá los plazos en el proceso de divorcio, de tal modo que una pareja no deberá esperar tres años para separarse ...

En muchas ocasiones el obstáculo para condenar un delito de odio radica en la falta de precisión jurídica para distinguir mensajes xenófobos y racistas del ejercicio de la libertad de expresión. El colapso de la justicia española entorpece más aún resolver esta situación.

Este fallo judicial expone una realidad perturbadora: las leyes actuales son insuficientes para proteger a los ciudadanos de los pequeños delitos que, acumulados, generan un gran impacto social y económico. No es la primera vez que vemos a delincuentes reincidentes burlarse de la justicia, beneficiándose de un sistema legal que, en su afán de proteger los derechos individuales, termina protegiendo más a los agresores que a las víctimas. Permitir que estos presuntos delincuentes sigan en libertad envía un mensaje nefasto

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra la ley de paridad, después de que este jueves haya entrado en vigor con un error técnico. La exministra ha asegurado que la norma está "mal hecha" y ha recriminado al mismo tiempo al "Partido Judicial" por no decir "ni mú". "Hay veces que las leyes están mal hechas de verdad, pero entonces no verás al Partido Judicial Reaccionario decir ni mú. No falla", ha escrito en la red social X.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó este jueves que un cambio de sexo no puede eludir la aplicación de la ley y que aquellos que cometen fraude de ley abusando los derechos de las personas trans y LGTBI para eludir una condena por violencia de género se enfrentan a dos delitos. A preguntas de los periodistas durante un acto en Palencia, Redondo insistió en que “el fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra”.

A lo largo del proceso penal, desde que se producen las primeras investigaciones hasta que (si fuera el caso) se termina de cumplir una condena, el encausado, aunque no se encuentre en prisión, puede ver limitada su libertad de diversas formas. La falta de claridad de la terminología utilizada en el mundo del Derecho puede dar lugar a una cierta confusión. Todas las situaciones de libertad limitada (llamémosla así) implican que, si bien el individuo sometido a un proceso penal se encuentra en libertad, para conservarla debe cumplir.

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó la semana pasada de "error lamentable" lo que había ocurrido y apuntó a que en septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria, el problema sería subsanado en el Congreso. una omisión en la redacción de la Ley de Paridad, la primera que aprobó el último Gobierno de Pedro Sánchez bajo la dirección de la nueva ministra, ha provocado que este tipo de despido ya no vaya a ser nulo sino improcedente.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la web de la administración del gobierno de España, ha difundido nuevas oposiciones para este mes de agosto de 2024. En total, el Boletín Oficial del Estado (BOE) cuenta con un total de 434 convocatorias de empleo público con un total de 6.596 plazas ofertadas.

La Ley Europea de Inteligencia Artificial (o AI Act), que entró en vigor el 1 de agosto de 2024, contempla los usos de IA y datos biométricos y los regula en base al nivel de riesgo que suponen. Hay algunas prácticas prohibidas, como el reconocimiento de emociones en espacios de trabajo o estudio, la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos con fines policiales y la creación o ampliación de bases de datos de reconocimiento facial con imágenes de internet o CCTV.

La Junta de Fiscales Supremos acordó el pasado 22 de julio interponer la demanda de inconstitucionalidad contra esta norma recientemente promulgada por el Congreso peruano. En el documento, la Junta de Fiscales Supremos expresó su rechazo a la ley, al considerarla contrapuesta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Señalan un impacto negativo en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales en casos de lesa humanidad como Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja...

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado este lunes al Tribunal Supremo de "extralimitarse" en la aplicación de la Ley de Amnistía, al negarse a aplicar la medida de gracia al delito de malversación.

El Ministerio de Sanidad ha elevado a audiencia e información pública el anteproyecto de Ley de Prevención del Consumo de Alcohol y de sus Efectos en las Personas Menores de Edad, una norma cuyo objetivo final, reducir el consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes y adolescentes, nadie cuestiona. Sin embargo, el sector de la sidra asturiana, aun compartiendo el propósito de la norma, no comparte algunos de los conceptos que acoge. El principal, el de consumo moderado o responsable, que la ley quiere desterrar definitivamente.