El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado este lunes al Tribunal Supremo de "extralimitarse" en la aplicación de la Ley de Amnistía, al negarse a aplicar la medida de gracia al delito de malversación.

La abogada constitucionalista, Olga Álvarez, explicó este sábado sobre los procedimientos legales que rigen la transparencia de las actas electorales en Venezuela. Tales declaraciones de la especialista responden a un sector de la oposición radical, el cual pretende que se reconozcan actas falsificadas en desconocimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), y los resultados legítimos de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. “La ley lo que establece es que el CNE dentro de los 30 días, publique en Gaceta Electoral“.

El Tribunal Constitucional de Alemania ha declarado como parcialmente inconstitucional la reforma electoral propuesta por el Gobierno de Olaf Scholz para reducir de 736 a 630 la cifra de diputados en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento germano.

El pleno admite a trámite los recursos del ejecutivo central contra ambas leyes que acusan a la normativa de la Comunidad de Madrid de invadir competencias estatales, patologizar a menores transexuales o perjudicar a las asociaciones LGTBI.

Los magistrados, divididos por siete votos a favor del sector progresista y cuatro en contra de los miembros del bloque conservador, han acordado retrotraer las actuaciones para que la Audiencia Provincial de Sevilla dicte sendos fallos respetuosos con los derechos fundamentales vulnerados. En el caso de Chaves con el artículo 25.1 de la Constitución, es decir, el derecho a la legalidad penal mientras que sobre Griñán también se aprecia vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

El pleno, con el voto en contra de los cuatro magistrados conservadores, estima parcialmente el recurso del expresidente andaluz y ordena a la Audiencia de Sevilla que revise su condena de nueve años de inhabilitación pero excluyendo buena parte de los hechos delictivos por los que fue procesado. El Tribunal Constitucional ha decidido estimar parcialmente el recurso del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y devolver su caso a la Audiencia de Sevilla para que reconsidere y rebaje su condena de nueve años de inhabilitación en el

Considera que la ley vulnera el principio de igualdad aunque asume que incluye el borrado de los desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.

Esto es una «censura en toda regla», denuncian fuentes próximas al Tribunal Constitucional (TC), tras conocer la decisión adoptada por Cándido Conde-Pumpido de «silenciar», en la nota de prensa posterior al Pleno celebrado este mismo martes, las razones por las que cuatro magistrados se han opuesto a votar a favor de la ponencia con la que su número dos, Inmaculada Montalbán, absolvía la malversación cometida por otro alto cargo socialista en el fraude de los ERE de la Junta de Andalucía, el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido anular parcialmente la condena de seis años y medio de prisión que se le impuso a Miguel Ángel Serrano Aguilar, ex-director general de IFA/IDEA, por malversación de fondos en el caso de los ‘ERE’. Esta resolución significa que podrá salir de prisión próximamente. La decisión del TC fue adoptada por siete votos a favor y cuatro en contra durante el Pleno celebrado el pasado martes. La corte de garantías determinó que se había vulnerado el derecho a la legalidad penal y la presunción de inocencia.

Fuentes del PP han informado a EFE del nombramiento de Macías, caracterizado en los últimos meses por ser especialmente crítico con la amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez, para ocupar la plaza que estaba vacante en la corte de garantías. Macías viene a cubrir la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que fue elegido a propuesta del PP en el Senado y que renunció a su cargo por motivos de salud el 27 de julio de 2022

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

La reforma de la ley impulsada por Irene Montero también elimina el periodo de reflexión y la obligación de informar sobre ayudas a la maternidad.