El Gobierno quiso elaborar en 2013 un plan para garantizar el cumplimiento de los principios básicos en las compañías, pero terminó en un cajón tras la oposición de la sociedad civil a las propuestas presentadasLas empresas españolas incluyen lo relativo a los derechos humanos en la Responsabilidad Social Corporativa, pero su carácter voluntario no certifica que se materialice su ejecución.
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