Un nuevo indicio complica la situación procesal de Esperanza Aguirre, acusada formalmente desde agosto de formar parte de la presunta trama de financiación ilegal del caso Púnica que alimentó con dinero opaco sus propias campañas electorales. Una de las agencias de publicidad que supuestamente usó el PP de Madrid para desviar fondos públicos a su caja B, Lata Latina SL, tuvo en nómina a su hermana pequeña, Cristina Aguirre y Gil de Biedma, al mismo tiempo que la compañía recibía adjudicaciones de su Gobierno.
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