La renovación del Tribunal Constitucional, propuesta este miércoles por el líder del PP, Pablo Casado, es una operación mucho más compleja que el mero cambio de los cuatro magistrados que llevan un año y medio con el mandato prorrogado por la falta de acuerdo para sustituirles. Entre los afectados por el relevo están los actuales presidente y vicepresidenta del tribunal de garantías. Y el dato es importante no solo por la especial relevancia de la presidencia, sino también porque la duración del mandato puede depender de quién resulte elegido
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