El Partido Popular vuelve a la carga con el caso Matsa, tal vez intentando desquitarse de la severa derrota política y judicial sufrida cuando el 18 de febrero de 2010 se conocía el demoledor auto del Supremo que asumía íntegramente las tesis de la Fiscalía y ni siquiera admitía a trámite la querella del PP por prevaricación y tráfico de influencias al haber concedido la Junta una subvención del 10.1 millones de euros a la empresa minera Matsa, donde trabajaba la letrada Paula Chaves, hija del presidente andaluz Manuel Chaves.
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