El año pasado acabó con 288.000 jubilados y pensionistas de gran invalidez o de invalidez absoluta y ciudadanos con edades superiores a 65 años inscritos en los servicios públicos de empleo como demandantes de un trabajo, pero sin que en ningún caso fuesen contabilizados como parados. Forman parte de un grupo en el que también están los demandantes que solicitan un empleo para un período inferior a 3 meses, los estudiantes menores de 25 años que buscan su primer trabajo o los asistentes a cursos de formación profesional.
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