La decisión inédita que tomó este viernes el Tribunal Supremo de congelar su posición al respecto de los gastos hipotecarios evita que las Haciendas autonómicas tengan que asumir un impacto que, inicialmente, podría ascender hasta los 1.700 millones de euros, cifra que comprometería incluso los objetivos de déficit del Gobierno.
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