La Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno no afecta a la Iglesia católica, a la que no fiscaliza el Tribunal de Cuentas, como sí ocurre con los partidos políticos o las Organizaciones No Gubernamentales. Los obispos sólo tienen la obligación de presentar una memoria sobre el uso que han hecho de los fondos públicos, que reciben sobre todo de lo recaudado por la vía de la casilla de la Iglesia en la declaración del IRPF, y que ronda cada daño alrededor de los 250 millones de euros;
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