La fiscalía alemana lo había pedido el 9 de mayo y aportaba pruebas para argumentar el riesgo de fuga.Las pruebas se basaban en documentación enviada por Llarena y, según el juez, avalaban el delito de rebelión. Entre la documentación, Llarena adjuntó 75 vídeos de manifestaciones independentistas y caceroladas, según detalla el abogado Gonzalo Boye, que forma parte del equipo que coordina la defensa de los políticos catalanes en el exilio. Unas imágenes con las que se intentaba demostrar que habría tenido violencia contra los cuerpos policiales
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