Tanto el instructor de la trama Púnica como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que tras el desfalco de la empresa pública Arpegio se enriquecieron patrimonio de particulares que gestionaron el suelo público madrileño, entre ellos Granados, y "presuntamente las arcas del Partido Popular, Izquierda Unida y PSOE", partidos que tenían a ediles en los consorcios urbanísticos investigados.
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