Una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha hecho que Fomento eche marcha atrás en más de 40 licitaciones de obras, todas ellas relacionadas con la mejora de la red de carreteras, por un valor conjunto de 598 millones de euros. El mecanismo hace que el valor de la puntuación económica se diluya en favor de la técnica, que no cuenta con fórmulas automáticas de evaluación.
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