El autobús del odio sigue sin tener frenos. Casi un año después de la violenta campaña lanzada por la asociación ultracatólica Hazte Oír contra las niñas y niños transexuales, el gobierno de Rajoy mantiene los beneficios fiscales que disfruta ese grupo gracias a la “declaración de utilidad pública” que recibió en 2013 por parte del ministerio de Interior. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros colectivos que trabajan a favor de toxicómanos, personas en riesgo de exclusión social o refugiados.
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