El Gobierno lleva sin informar sobre la concesión y denegación de indultos en el Congreso desde 2015. Esto supone el incumplimiento de la Ley de indultos que obliga a un representante del ministerio de Justicia a trasladarse cada seis meses a la Cámara Baja para explicar las razones para conceder o denegar el perdón a los convictos y entregar un informe sobre este asunto.
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