España sigue sin transponer la directiva 59/2013/EURATOM una normativa sobre radiaciones ionizantes que obliga a los Estado miembro de la Unión Europea, entre otras, a contar con un plan nacional sobre los efectos nocivos del gas radón antes del 6 de febrero de 2018, según ha denunciado la Fundación para la Salud Geoambiental. El plazo para que España contase con una normativa que proteja la salud de los ciudadanos a los efectos nocivos del gas radón terminó el pasado 6 de febrero.
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