El pasado 23 de junio, el Gobierno de España se hizo con el control de la principal empresa tecnológica del país a base de engaños, una estrategia que roza lo ilegal y —sobre todo— un desprecio absoluto por los intereses de los miles de pequeños inversores que destinaron una parte más o menos importante de sus ahorros a la compra de títulos de la compañía.
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