Desde esta sentencia podemos explicar una de las mayores polémicas que ha salpicado a la “educación social”; el intrusismo laboral. Policías, funcionarios de prisiones, vigilantes de seguridad, incluso jueces, ven como sus funciones son llevadas a cabo por las y los “educadores sociales”. Pero con un instrumento que ellos y ellas no tienen; el acceso a datos personales, a la vida más privada e intima, el historial de vida…
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