Los dimisionarios sostienen que el reglamento de organización y los estatutos aprobados en 2016 "no se están asumiendo colectivamente, lo que impide el óptimo funcionamiento de este espacio político ciudadano". En este sentido, exigen a la dirección asumir funciones de coordinación de los distintos equipos y grupos y también las comunicaciones internas y otros asuntos, con lo que no dan abasto.
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