Las universidades tienen libertad para contratar a los docentes e investigadores que más les interesan. Con más frecuencia de la deseada, usan esta libertad para contratar candidatos internos, teniendo mejores opciones – saltándose, si es preciso, las pautas establecidas en los procesos de contratación. Los candidatos perjudicados carecen de protección judicial eficaz.
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