La operación Lava Jato, que ha provocado la caída de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, empieza a salpicar a empresas españolas presentes en el país latinoamericano. Según han confirmado fuentes oficiales, la Policía Federal entró la semana pasada en la filial de Indra en Sao Paulo en busca de documentación confidencial por los presuntos pagos realizados a concejales y miembros de la Administración del Estado para conseguir posteriormente contratos por cerca de 600 millones de reales (300 millones de euros antes de la devaluación...).
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