El 14 de octubre de 2009, el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el conseller de Interior, Joan Saura, viajaron a México para entregar de forma oficial a la nieta del president Lluís Companys, Maria Lluïsa Gally, un documento en el que el Estado español reconocía que el presidente legítimo de la Generalitat republicana «sufrió violencia por razones políticas e ideológicas, siendo injustamente condenado a muerte por una sentencia impuesta por un ilegítimo Consejo de Guerra».
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