La mujer que logró que la Justicia de Perú le reconozca su derecho a la muerte asistida. El tribunal consideró que en este caso se encuentran "afectados los derechos a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de su personalidad y de la amenaza de no sufrir tratos crueles e inhumanos", por lo que estableció que no se aplique el Código Penal peruano -que prohíbe la eutanasia- para este caso para que no puedan ser procesados los profesionales que intervengan en su muerte.
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