La falta de controles y el vacío legal deja sin castigo a quienes incumplen la obligación de detallar sus bienes, actividades e intereses o se saltan el periodo de incompatibilidad de dos años tras cesar en un cargo público. El PSOE impulsa la reforma del Reglamento del Congreso para tapar ese agujero e impedir nuevos desplantes como la negativa en bloque de Vox a desvelar sus vínculos económicos.
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