Los afectados por cláusulas suelo que hayan iniciado acciones judiciales (como las 12.000 familias incorporadas a la macrodemanda de ADICAE) no podrán ser desahuciados ni verse expuestos a la pérdida de su vivienda en una ejecución hipotecaria. Esa es la consecuencia de la sentencia de 17 de julio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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