Casi 1.000 empresas que figuraban con domicilio fiscal en Cataluña han trasladado su sede fiscal a otras comunidades autónomas desde el 1 de octubre y hasta los primeros días de noviembre, según datos de la Agencia Tributaria. De esta forma, se confirma que muchas compañías han preferido evitar cualquier conflicto potencial con la Agencia Tributaria Catalana, de modo que al sacar su sede de la comunidad ya no podrá reclamarles el pago del impuesto de sociedades, el IVA o el resto de tributos que se abonan a la Agencia Tributaria estatal.
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