El juzgado de instrucción número 2 de Santiago investiga si se cometió un delito de prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias en la adjudicación de un concurso de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dependiente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), para el servicio de transporte sanitario urgente en el año 2014, cuyo montante asciende a 121,6 millones de euros. Ambos vehículos estarían, de este modo, matriculados y rotulados casi medio año antes de que la Administración resolviese la adjudicación
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Ambos vehículos estarían, de este modo, matriculados y rotulados casi medio año antes de… » ver todo el comentario
Pero siendo la Xunta, seguro que hay pufo.
Un tribunal administrativo frena el nuevo contrato del 061 porque éste no comprobó previamente si los pilotos tenían la titulación requerida, al tiempo que una investigación policial revela que UVI móviles circularon durante meses con sobrepeso
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