Todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, además de los territorios insulares, tendrán que disponer de una zona acotada de bajas emisiones, o ZBE, siendo la fecha límite el uno de enero 2023. Cada ayuntamiento podrán decidir cómo aplica las restricciones al tráfico rodado, siendo la única exigencia que tomen como referencia los distintivos medioambientales, que son en base a la norma Euro de su mecánica: A (sin etiqueta), B, C, ECO y CERO.
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