Los juzgados argumentan, en líneas generales, que los vehículos no tienen problemas de circulación, que funcionan perfectamente, que no suponen un gran peligro para el medio ambiente porque las emisiones se sitúan dentro de unos límites bajos, que el fabricante ya ha dado una solución que va a implementar gratuitamente, que los concesionarios desconocían la existencia del 'software' defectuoso que altera los motores y que los demandantes no están acreditando ser personas preocupadas por la ecología.
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