El Gobierno de Pedro Sánchez aspira a un total de 140.000 millones de euros, pero si quiere recibir el dinero europeo deberá someterse a la tutela económica no sólo de Bruselas sino del resto de capitales de la UE. El plan español deberá ser aprobado por mayoría cualificada, lo que refuerza el papel de los países nórdicos que quieren extremar los controles sobre el dinero. Un mecanismo que supone una importante cesión de soberanía económica. Además, el 30 % de la ayuda deberá destinarse a lucha contra el cambio climático.
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