La Sala del tribunal presidido por el juez Garrido reconoce la competencia del Gobierno Vasco y señala que las medidas del Decreto tenían cobertura legal y estaban sanitariamente justificadas El tribunal reconoce que las restricciones estaban justificadas con los datos e informes presentados por el Gobierno Vasco y sostiene que las asociaciones de hosteleros no han aportado pruebas suficientes
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