Se trata de datos personales, pero son esenciales para controlar enchufes en la contratación, irregularidades en los ascensos o cualquier tipo de arbitrariedad laboral en la Administración. También para conocer el funcionamiento del sector público, sus necesidades de plantilla, etc. Esa es la razón por la que el Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a facilitar a los sindicatos los nombres y apellidos de todos los empleados públicos. Según los magistrados, la labor sindical de fiscalización es más importante.
|
etiquetas: ts , tribunal supremo , sindicatos , datos personales , empleados públicos 
