La sentencia del Tribunal Supremo que da vía libre a la Comunidad de Madrid para rediseñar la Ciudad de la Justicia sustenta su decisión en que "no concurría un vicio subsanable", es decir un defecto que pueda ser reparado o subsanado, en las normas de preparación del contrato, lo que avala la decisión del entonces Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes de desistir del procedimiento de adjudicación
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