La ley por la cual se creaba el impuesto catalán a los depósitos fue aprobada por el Parlamento regional en abril de 2014, y contemplaba que si una entidad financiera captaba depósitos por valor de hasta 150 millones de euros en esta comunidad se le aplicaría un gravamen del 0,3 %; entre 150 y 600 millones el tipo sería del 0,4 %, y a partir de 600 millones, del 0,5 %. En julio del pasado año, el Gobierno aprobó el decreto-ley que elevaba el impuesto estatal a los depósitos bancarios del 0 % al 0,03 %, muy inferior al fijado por la Generalitat.
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