El origen del conflicto está en la adjudicación que ganó FCC para la construcción de un túnel submarino, el primero de todo Latinoamérica, licitado por el Estado mexicano de Veracruz. Los cambios en la concesión ocurridos durante la construcción y el reparto de los ingresos generaron un conflicto con dos constructoras mexicanas participantes, Obras Portuarias de Coatzacoalcos S.A. de C.V. (OPC) y Matrix Concesiones S.A. de C.V. (Matrix), que terminaron judicializando el proceso.
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