El recurso a Tragsa en ocasiones anteriores, como ocurrió en 2013 cuando el ministerio encabezado entonces por Fátima Báñez le encargó reforzar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ha sido puesto en cuestión por el Tribunal de Cuentas, que consideró el contrato “contrario a los principios de legalidad y economía”. También advirtió de que las resoluciones basadas en expedientes tramitados por Tragsatec podían ser nulas de pleno derecho al haberse extralimitado sus trabajadores en las funciones que les habían encomendado.

La Junta de Andalucía prevé paralizar la semana que viene la tramitación de su renta básica por la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según un documento oficial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Este departamento suspende la tramitación hasta aprobar una modificación de la norma que regula su propia prestación.

Estrasburgo insta a España a recuperar el pago del sueldo que el trabajador deja de percibir hasta la sentencia que condena su cese. Es lo que se conoce como 'salarios de tramitación', que funcionaban en España hasta que la reforma laboral de 2012 los eliminó para rebajar el coste del despido. En este documento que carga contra el despido español, Estrasburgo afirma de forma reiterada que los salarios de tramitación forman parte -como condición necesaria aunque aún no suficiente- del derecho a una indemnización adecuada.

El Constitucional ratifica su aval a la ley que permite a Euskadi y Navarra gestionar el ingreso mínimo vital El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado de nuevo por unanimidad que País Vasco y Navarra gestionen el ingreso mínimo vital al considerar que ello no afecta a la "caja única" de la Seguridad Social y replica el modelo de gestión que se viene aplicando para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez desde su creación en 1990.

El Gobierno tan solo ha concedido, desde el inicio de la prestación en junio de 2020 hasta finales de noviembre del pasado año, una de cada 4 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, ayuda destinada a las familias más vulnerables. De las 2.782.730 solicitudes recibidas hasta el 12 de diciembre del pasado año, tan solo aprobó 733.006, mientras que tumbó o tiene pendientes más de 2 millones de peticiones

Las pensiones mínimas subirán entre un 5% y un 7% en el 2024, si bien en el caso de las de viudedad con cargas familiares lo harán un 14%, según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista a Efe. Los incrementos quedan por encima de la revalorización general del 3,8% de las pensiones, acorde a la inflación, que se confirmará con el dato de los precios de este jueves.

Concretamente y acorde a la información consultada por este medio, el beneficiario de estas ayudas sociales dejó España en noviembre del año 2021 y se las ingenió para que un compatriota se hiciese pasar por él, ofreciéndole la posibilidad de trabajar para una empresa española en la que estaba contratado. A cambio, él ha percibido un total de 55.837 euros entre ayudas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital (9.658 euros) y la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco (46.179 euros).

La ayuda de 200 euros es una prestación que concedió el gobierno central tanto en 2022 como en 2023. Si bien, su tramitación durante este año ha sido un tanto caótica, puesto que pese a que la norma dictaba que esta ayuda debía estar ingresada como muy tarde el 30 de junio. Pero esa fecha pasó y fueron miles los españoles que pese a cumplir los requisitos no recibieron el ingreso ni tampoco una carta de denegación, aunque esto último es algo que está comenzando a llegar en las últimas semanas.

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha enviado una carta el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en la que le garantiza que si los grupos del Congreso presentan una proposición de ley de amnistía, le explicarán todos los detalles y la posición del Ejecutivo. Relacionada old.meneame.net/story/comisario-justicia-ue-pide-informacion-gobierno-

En la primera parte te explicamos los cambios que aplicó el PP para permitir que las empresas pudieran bajarle el salario legalmente a los trabajadores. Pero aun teniendo todos los cabos legales atados para bajar los salarios, podía haber y de hecho había miles de trabajadores a los que sencillamente no se les podía bajar el salario legalmente. Para esos casos, el PP preparó la medida estrella de su reforma laboral, que por supuesto fue la rebaja del coste del despido improcedente. La bomba del Zar, la madre de todas las bombas.

Un grupo de perceptores del Ingreso Mínimo Vital inicia una reclamación colectiva ante el Consejo de Europa después de que la Seguridad Social les exija la devolución de varios miles de euros por “cobros indebidos”

Hoy he estado impartiendo un curso - finalizándolo - en el Parlamento de Andalucia. En primer lugar, es un placer q compañeros cuenten contigo, pero sobre todo que en Sevilla a la 16:00 de la tarde la clase de formación del Parlamento estén los asistentes para escucharte. #Gracias

Ya hay cifras. 47.932 hogares cobraron por error el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2022 y deben devolver el dinero recibido. Es decir, el año pasado por esta época, un 16% de todos los que estaban recibiendo esta ayuda no tenían derecho a ella, en la mayoría de los casos porque en realidad tenían rentas superiores a los límites establecidos. Además de los 47.932 a los que dieron de baja al no tener derecho a la prestación (y deben devolverla por completo), hay otros 81.952 hogares (un 27% del total) que cobraron más de lo que les correspondía.

La subida de precios del último año ha oprimido el bolsillo de millones de consumidores y ha impactado con especial fuerza sobre las rentas bajas. Para hacer frente a esa situación, el Gobierno desplegó progresivamente a lo largo de 2022 distintas medidas, entre las que incluyó una subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que esta iniciativa compensó el 79% de la escalada de precios, amortiguando así la presión de la inflación sobre los hogares más vulnerables.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y de Falsedad, al empadronarse en Vitoria para cobrar ayudas cuando en realidad residía en Francia. El arrestado había recibido ayudas desde el año 2010 hasta la fecha 132.000 euros en concepto de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV)., aunque la cantidad económica final que percibió fue de más de 90.000 euros.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no comparecerá en el Parlamento andaluz para participar en la tramitación de la proposición de ley que promueven el PP y Vox sobre Doñana, que prevé ampliar la superficie susceptible de tener derechos de riego. Según ha indicado por redes sociales, no acudirá a la comisión que a partir de ahora pasarán agentes sociales entre los que estos dos partidos han vetado a técnicos y científicos que trabajan en el Parque Nacional, entre ellos al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes

El Parlamento de Andalucía ha aprobado, por mayoría y con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios -a través de sus enmiendas-, la Ley Andaluza del Flamenco, una norma que como objeto garantizar la salvaguarda para la protección, conservación, difusión e investigación, así como la promoción para el conocimiento del flamenco para su uso como bien social.

Ossorio no estaba solo, más bien estaba bastante acompañado. Los nombres de su compañero de filas Alfonso Serrano, diputado en la Asamblea y número dos de Isabel Díaz Ayuso en el PP, la líder de Vox —partido que puso en boga el término ‘paguita’ hace unos años— Rocío Monasterio, y Mónica García, al frente de la oposición y quien había exigido la dimisión del político del PP unas horas antes, se sumaron a la lista...

Los sindicatos han pedido el cese inmediato de Mariano Veganzones al "no ser capaz" de cumplir con el procedimiento

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), mecanismo aprobado por el Gobierno durante la pandemia de la Covid-19 para combatir la pobreza y exclusión de los hogares más vulnerables, ha alcanzado ya a 560.809 hogares, en los que viven más de un millón y medio de personas (1.579.949). Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la prestación se está destinando especialmente a combatir la pobreza infantil, ya que el 42,8% son menores (676.288 personas) y dos de cada tres mujeres