Alfredo Pérez Rubalcaba ha suspendido su conferencia en la Universidad de Granada por los abucheos con los que ha sido recibido. Tras ser presentado por el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, algunos asistentes a la conferencia han comenzado a gritar consignas como "Rubalcaba también privatizaba" o "agua, luz, gas, derecho universal". Según fuentes presentes en el acto, las protestas han estado protagonizadas por el movimiento Stop Desahucios, que han mostrado una pancarta gigante. Vídeos en la web.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos denuncia que este tipo de situaciones son cada vez más habituales y que los desalojos se siguen produciendo a diario en España pese a que la ley lo prohíbe cuando se trata de personas con escasos recursos y sin opciones habitacionales

Un juez de primera instancia de València se ha visto obligado a urgir en un auto a la empresa pública de vivienda de la Generalitat Valenciana para que busque una solución habitacional a una familia en una delicada situación, con un anciano tetrapléjico, una mujer en situación de desempleo y una niña de 10 años.

Los propietarios de la casa de la vecina del Pópulo piden suspender el desahucio previsto tras alcanzar un acuerdo para vender la casa a la Fundación Cádiz C.F.

La entidad compra a los propietarios su humilde vivienda en el turistificado barrio de El Pópulo y le hace a su inquilina desde hace más de 50 años un contrato indefinido por la misma renta que está pagando.

No ha adoptado ninguna decisión sobre la declaración de la esposa del presidente, que está citada el 5 de Julio El magistrado investiga quién firmó en nombre de Begoña Gómez su citación como imputada. El reglamento de la EPPO establece que cuando ejerza su derecho de avocación sobre una causa, "las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito".

Joana Sales (Barcelona, 1977) pasó varios meses con hematomas en la cara, las muñecas y los dos brazos. Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2022. La joven, musicóloga y militante del Sindicat d'Habitatge del Raval, tenía previsto visitar a una amiga del barrio. El reloj marcaba las 21.00 de la noche y casi no había luz en las calles de la Ciudad Condal. Joana había salido poco antes de su casa y nada le hacía presagiar que acabaría la noche en comisaría. Los Mossos d'Esquadra trataban de desahuciar a su amiga cuando ella llegó.

Siete de cada diez desalojos entre enero y marzo de este año fueron por impago del alquiler, según datos difundidos este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, los lanzamientos practicados por ejecuciones hipotecarias, es decir, desalojos forzosas por impago de crédito, también aumentaron por primera vez en dos años, desde el primer trimestre de 2022.

"¿Qué Servicios Sociales son esos, que nos amenazan con que nos van a quitar a nuestros hijos en vez de sacar la cara por nosotros ante la Fiscalía?". Los Servicios Sociales de Sant Eulària des Riu les han comunicado que no hay más recursos para la familia. "Nos hemos comprado un coche este mismo lunes porque el viernes pasado en una reunión nos dijeron que este martes nos quedábamos sin alojamiento y que corríamos el peligro de que nos quitaran a nuestros hijos. Esto no va a pasar, antes nos vamos de la isla y lo perdemos todo..."

Varios colectivos se coordinan para frenar la cuenta atrás del desalojo de María, de 88 años y medio siglo de alquiler en El Pópulo, que tendrá que abandonar el 26 de junio la casa donde ha vivido desde 1967, porque su dueño ha proyectado hacer pisos turísticos allí. María, que tiene hijos y una pensión de 1.180 €, no puede adelantarse en una lista de demandantes de viviendas con familias en peor situación que la suya. Hasta en la precariedad hay niveles. Y esa es la angustia de la familia de María. Que no sabe qué va a pasar después del 26

Los estudiantes que protagonizan un encierro en la Biblioteca General mantienen las acciones de protesta al considerar «insuficientes» las medidas adoptadas por la Universidad

Mari Carmen lleva viviendo en la misma casa, ubicada en el barrio madrileño de Ibiza, durante casi 70 años. Este viernes 31 de mayo podría quedarse en la calle al no poder asumir la subida del alquiler que reclaman los propietarios del edificio.

La investigación en torno a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por presuntas irregularidades en la compra masiva de vacunas de Pfizer contra la covid-19 durante la pandemia no se resolverá antes de saberse si la alemana consigue su meta de repetir al frente del Ejecutivo europeo tras las elecciones de junio. Según ha informado este viernes la Fiscalía de la UE, el caso, sobre el que la Comisión ha guardado un amplio silencio, queda suspendido hasta el 6 de diciembre.

El consejo de gobierno de la Universidad de Granada reunido en convocatoria extraordinaria aprobó por unanimidad suspender la colaboración científico técnica y de movilidad con universidades e instituciones israelíes. Miembros de la acampada pro Palestina de Fuentenueva mostraron su satisfacción tras el acuerdo de este viernes, comunicado al filo de la una y media de la tarde en el V Centenario, lugar en el que se desarrolló el consejo de gobierno.

Fue desahuciado y acampó durante ocho meses en el Paseo del Prado de Madrid. Actualmente, se suma a la denuncia interpuesta por el movimiento Nadie Sin Hogar para reclamar protección y ayuda por parte de las administraciones.

Podemos lleva semanas negociando para que el Gobierno asumiera su compromiso y extendiera la suspensión cuatro años más. La formación morada ha incidido en la importancia de que esta medida se apruebe, pues de no prorrogarse la suspensión supondría "una pérdida de confianza muy grave". "El Gobierno se comprometió con Podemos a prorrogar esa moratoria y después de algunas advertencias nos han trasladado que parece que van a cumplir su palabra y esperamos que así sea", ha comentado en rueda de prensa María Teresa Pérez.

La presión popular parece haber surtido efecto. El anunciado desahucio de María Muñoz, previsto para el 26 de junio para convertir su piso en vivienda turística, seguramente no tendrá lugar. Su hija agradece a Agustín Rubiales (constructor que ofrece un piso), a Antonio Gallardo, presidente de la plataforma de vecinos del Pópulo. Pero también destaca el apoyo constante del Ayuntamiento. El ayuntamiento, por su parte, intenta que se cancelen las solicitudes de viviendas con fines turísticos (VFT) en la ciudad de Cádiz. Pide quedarse 8 meses más

Se llama María Muñoz y tiene 87 años. El próximo 26 de junio, como máximo, será desahuciada de la casa en la que ha vivido 57 años, desde 1967, en alquiler. Con el barrio lleno de carteles y una creciente indignación vecinal, el Ayuntamiento trata de buscar alternativas imposibles. Su impacto, incluso en televisión, con colaboración municipal y una mención en el Parlamento de Andalucía, ha sido tan fuerte que ha causado una pequeña revuelta vecinal. "Será legal pero no es decente."

Cayó al patio de luces del edificio. Fue rescatado por los bomberos e ingresado en un hospital.

Hace dos semanas STOP Desahucios informó a Público del fallecimiento de Francisco de Regis, conocido como Patxi, uno de los desahuciados sin alternativa habitacional del Edificio Dignidad de Móstoles. Durante casi ocho meses, Patxi estuvo durmiendo en la calle pese a presentar un informe a la Administración que mostraba su estado de vulnerabilidad. "Tenía una incapacidad del 65%, varias enfermedades graves, cobraba una pensión de 480 euros al mes y aun así no lo consideraron vulnerable", lamenta José María Torralbo, portavoz de la plataforma.

Si no cumples con las imposiciones que te hacen, por ej., limpiar los baños, te castigan durmiendo fuera en la calle durante días, te quitan el abono de transporte que te subvencionan o no te dejan acceder al ordenador con el que buscas empleo. Estos son los castigos que sufren las personas vulnerables desahuciadas en los albergues que les ofrece la administración como alternativa habitacional. J. Mª Torralbo, portavoz de STOP Desahucios, asegura que los centros de acogida maltratan a las personas y son lugares "donde se vive muy mal".